La oposición cuestionó al Gobierno nacional por promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero con el aviso de que estará suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso defina la fuente de financiamiento.

"Con el Decreto 681/2025, el Presidente incurre en nulidad absoluta. Pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso", señaló el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

En este sentido, el porteño recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) "es clara, el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad".

"Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley", reclamó Ferraro, a través de un posteo en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón habló de "constitucionalismo creativo". "¿Es el Decreto 681/25 nulo de nulidad absoluta? La respuesta no les sorprenderá. La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como 'devolver al Congreso'", remarcó.

El diputado, que ya presentó una denuncia penal al respecto, advirtió que "la 'creatividad' de @JMilei y @GAFrancosOk es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político. Corta".

"Hoy por el Boletín Oficial (decreto 681) no enteramos que Milei se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el Congreso porque dice que no tiene fondos. Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso", aclaró la diputada de Unión por la Patria Julia Strada.

En ese sentido, apuntó que "su facultad prevista en la Constitución es el veto: lo hizo y se lo dimos vuelta. Tiene que aplicar la ley. Y si no hay presupuesto es porque él decidió hacer el ajuste de esa forma. No nosotros, que exigimos votarlo".

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que el decreto "es nulo de nulidad absoluta e insanable al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad".

"¿Qué se puede hacer ante el Decreto 681/2025? Las personas afectadas promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el Señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo", expresó.

A su vez, la diputada nacional de UP Victoria Tolosa Paz se preguntó: “¿No hay plata para la Emergencia en Discapacidad, pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU. y endeudar generaciones enteras? La prioridad del Fobierno es clara: hipotecar la soberanía económica para llegar a octubre, aunque eso signifique dejar atrás a millones de argentinos y argentinas. No estamos en contra del campo, al contrario. El país necesita un camino claro para este sector, no un manotazo de ahogado para llegar a una elección. Nuestro proyecto de Desarrollo Nacional lo considera uno de los motores del crecimiento. Sin Ley de Presupuesto, exigir al Congreso que explique cómo financiar lo que ellos mismos recortan es una burla. La verdad es que gobiernan para salvarse ellos, aunque cueste la Patria”.