Un amplio grupo de legisladores de distintos bloques pidió que el secretario de Educación asista al Congreso para explicar la implementación de las políticas oficiales. Reclaman respuestas sobre la baja terminalidad escolar, la educación rural, la infraestructura y el cumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.
La diputada radical Carla Carrizo presentó un proyecto de resolución para citar de manera urgente al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, a fin de que exponga en las comisiones de Educación y de Familia, Niñez y Juventudes. La propuesta, respaldada por referentes del radicalismo, el socialismo, el GEN, la Coalición Cívica, la UCR Evolución, e incluso por figuras de Unión por la Patria, busca que el funcionario rinda cuentas sobre la marcha de las políticas educativas en todos los niveles obligatorios.
El pedido se sustenta en la gravedad de los datos difundidos recientemente por Argentinos por la Educación, que muestran que apenas 10 de cada 100 estudiantes que iniciaron la primaria en 2013 lograron terminar la secundaria en tiempo y forma en 2024, marcando un retroceso frente a años anteriores. La cifra revela además enormes disparidades: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 23% de los alumnos logra completar su escolaridad obligatoria en los plazos esperados, en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Catamarca apenas lo logra entre el 3% y el 4%.
El proyecto solicita información detallada sobre diez ejes centrales: acceso a la educación en zonas rurales, instrumentación de la Ley de Educación Técnico Profesional, asignación presupuestaria por jurisdicción, índices de repitencia y sobreedad, niveles de alfabetización y comprensión lectora, políticas de inclusión socioeconómica, formación docente, estado de la infraestructura escolar, programas aplicados entre 2023 y 2025 para revertir déficits de aprendizaje y, finalmente, la forma en que se incorporan los resultados de las evaluaciones nacionales en la planificación de las políticas educativas.
Para los legisladores, resulta “indispensable” que el Congreso reciba información precisa y sistemática de la cartera educativa, algo que —sostienen— no se cumple de manera regular desde la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006. “El control parlamentario y el debate sobre prioridades educativas requieren diagnósticos oficiales completos, no solo informes parciales que se conocen a través de organismos independientes”, remarcaron.
La iniciativa pone especial énfasis en dos áreas consideradas estratégicas: la educación rural, que constituye una herramienta clave de inclusión y arraigo en territorios postergados, y la educación técnico profesional, que funciona como puente entre la escuela y el trabajo, pero que a veinte años de la sanción de su ley aún exhibe una oferta limitada y con problemas de equipamiento e infraestructura.
De aprobarse el proyecto, Torrendel debería concurrir al Congreso en las próximas semanas para dar explicaciones ante los diputados sobre la situación actual del sistema educativo y los lineamientos previstos en el Presupuesto 2026.