Un grupo de legisladores de UP presentó un proyecto en el que califican la detención del exministro como un acto de persecución política y alertan sobre el uso del sistema judicial con fines partidarios.
En la Cámara de Diputados se reabrió la polémica por la detención de Julio De Vido, ocurrida el pasado 13 de noviembre. Un proyecto de declaración firmado por Hugo Yasky y otros legisladores del oficialismo sostiene que la medida constituye “una privación de la libertad injusta e ilegítima”, motivada por “irregularidades en el trámite judicial” y por “un evidente ensañamiento contra su persona”.
El texto advierte que la negativa a otorgarle prisión domiciliaria, pese a cumplir con los requisitos legales, es una muestra más de lo que consideran una persecución política que, según los firmantes, se extiende a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a exfuncionarios de su gestión. “Se evidencia un uso excesivo y sobrecriminalizador del sistema penal para suprimir la expresión política y garantizar la gobernabilidad de los sectores de poder que respaldan al actual gobierno”, señala el documento.
En los fundamentos, los diputados denuncian la práctica del lawfare, definida como la utilización estratégica de mecanismos judiciales y administrativos para deslegitimar liderazgos políticos. “El caso de De Vido revela cómo la persecución judicial se ha transformado en una herramienta de blindaje de ciertos intereses de poder, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso”, argumentan.
El proyecto alerta que estas prácticas representan “un grave retroceso democrático” y generan “un clima de persecución institucionalizada que pone en riesgo la consolidación de una democracia plena y pluralista”. Por ello, solicitan el acompañamiento de la Cámara para aprobar la declaración.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados de Unión por la Patria Hugo Yasky, Juan Marino, Natalia Zaracho, María Graciela Parola y Daniel Gollán.
