En efecto, el ministro José Luis Machinea anunció que impulsará el veto al artículo 18 de la Ley de Presupuesto, que anula la reducción salarial para los empleados públicos. En un comunicado de prensa, el ministro sostuvo que el Poder Ejecutivo "tomó la decisión de vetar ese artículo, tal cual como fue votado por el Senado".

El titular del palacio de Hacienda afirmó que "la reducción salarial para parte de la administración pública continuará vigente tal como fue determinada en su momento por el Poder Ejecutivo".

Sostuvo que si bien la medida "es transitoria, no están dadas las condiciones para que pueda recuperarse esa reducción durante el año próximo, de acuerdo con lo explicado oportunamente".

Es el caso del artículo 18, que establece un programa de ahorro para la administración pública destinado a recuperar los salarios recortados en un 12 por ciento a los empleados estatales que cobren por encima de mil pesos, mediante el decreto 430 de mayo último. Pero también quedaron tal como lo aprobó la cámara alta la eliminación del control de combustibles en la Patagonia y la facultad a los gobernadores de las provincias para fijar las tarifas del gas subsidiado.

Sin embargo, con el voto de una amplia mayoría, fue eliminado el nuevo artículo introducido por el Senado que establecía el pago de dos pesos por voto para los partidos políticos, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones nacionales del 24 de octubre del año pasado.

La cláusula de restitución salarial fue ratificada por una amplia mayoría, incluido el bloque de la Alianza, cuyo titular, Darío Alessandro, justificó el cambio de postura del oficialismo en el hecho de que, al tratarse de un programa de ahorro en partidas no remunerativas, "no hay ningún gasto y no se altera el déficit". Sin embargo, la actitud aliancista se recostó en dos realidades diferentes.

Por un lado, la dudosa posibilidad de que los legisladores oficialistas pudieran imponerse en una votación mecánica, dado que el PJ, los provinciales y el grupo de frepasistas rebeldes amenazaban seriamente con ganar la votación.

Para evitar una nueva derrota en el recinto -como ocurrió con el artículo 58 propuesto cuando el proyecto se trató en Diputados, que establecía una reforma del Estado-, la Alianza decidió dejar pasar la oportunidad.

Por el otro, y por eso su tranquilidad para apoyar una medida cuestionada por el Gobierno, el anuncio del Poder Ejecutivo de que vetará el artículo, lo que demorará su reconsideración hasta el mes de marzo próximo, cuando se inicie un periodo de sesiones ordinarias.

El presidente Fernando de la Rúa decidirá en las próximas horas qué artículos de la Ley de Presupuesto somete a vetos, para eliminarlos del texto definitivo, para lo cual tiene un plazo de diez días hábiles. Fuentes gubernamentales señalaron que, además del anunciado veto al artículo 18, el presidente De la Rúa evaluará la conveniencia de quitar los artículos 29 y 39 referidos a los subsidios al gas y al Fondo del Tabaco.

El artículo 18 es el que faculta al jefe de Gabinete a restituir los recortes salariales a la administración pública dispuesta por el decreto 430 en base al ahorro que se registren en las reparticiones del Poder Ejecutivo.

El artículo 29 que fue sancionado tal como lo modificó el Senado, establece que los 100 millones de pesos en subsidios para el gas en la Patagonia serán distribuidos en base al criterio de los gobernadores.

En tanto, el el artículo 38, también incluido por el justicialismo en el Senado eliminó el cupo de 186 millones de pesos para el Fondo del Tabaco y estableció que todo lo recaudado en ese concepto se destine a ese fin.

El bloque de diputados de la Alianza consiguió rechazar cinco de las dieciseis modificaciones que el Senado le introdujo al Presupuesto Nacional para el año en curso, en tanto debió aceptar las once restantes con su consentimiento o sin él. La bancada oficialista perdió seis compulsas en el recinto, en tanto votó junto al justicialismo en cinco artículos modificados por los senadores. Los diputados aliancistas se impusieron en realidad por simple mayoría en todas las votaciones, pero no pudieron revertir los artículos modificados con los dos tercios de votos por los senadores.

Voceros de la bancada oficialista advirtieron que si los senadores radicales no hubieran votado junto a los justicialistas en algunos artículos, la tarea de los diputados hubiera sido más sencilla, ya que hubieran podido revertir los cambios con simple mayoría.

Los diputados aliancistas votaron por ejemplo junto a los justicialistas el artículo que permite devolver a los empleados públicos la quita del 12 por ciento de sus salarios realizada por decreto el 31 de mayo.

Evitaron de ese modo que la bancada votara dividida y advirtieron que la redacción introducida por los senadores no obliga en realidad al gobierno a reponer las quitas, sino que habilita esa posibilidad en la medida en que se produzcan ahorros en el gasto fiscal.

La estrategia de sumarse al voto opositor cuando la aritmética parlamentaria no favorecía al oficialismo, implicó sólo un incremento eventual de 30 millones en el gasto correspondiente al Fondo Nacional del Tabaco, según estimaron legisladores aliancistas. De todos modos, las votaciones exhibieron las dificultades del oficialismo para controlar el sentido del voto de todos sus diputados, lo cual preanuncia futuros problemas cuando el Senado rechace algún proyecto proveniente de diputados con los dos tercios de sus votos.

Los diputados justicialistas vivieron como un triunfo las modificaciones que consiguieron imponer, en tanto los aliancistas creen que con la relación de fuerzas existentes en la Cámara baja consiguieron sacar "barata" la disputa.

Los aliancistas criticaron ácidamente a la diputada frepasista Alicia Castro que votó junto al justicialismo en casi todos los artículos del Presupuesto.