No fue el ex gobernador Carlos Verna quien se ocupó de resolver sobre tan controvertido tema, sino que quedó para su sucesor. Se trata de la ley que establecía un procedimiento especial para los médicos de los centros públicos en los casos de abortos no punibles.

La ley aprobada regulaba los pasos a seguir por los facultativos cuando el embarazo ponía en peligro la vida o salud de la mujer o la gestación era producto de una violación a una mujer “idiota o demente”.

Lo cierto es que el gobernador Oscar Mario Jorge firmó un decreto vetando esa ley, argumentando que la misma era anticonstitucional, por cuanto permitía interpretaciones y aplicaciones que colisionaban “abiertamente con el espíritu restrictivo de los tipos cerrados de la legislación penal”, según señaló.

El proyecto había sido impulsado en su momento por el diputado provincial Adrián Peppino, desatando la inmediata reacción de la Iglesia Católica, que incluso había efectuado manifestaciones en la Cámara de Diputados y frente a Casa de Gobierno.

El gobernador Jorge señaló que “si bien el texto sancionado hace referencia a los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal, introduce al mismo tiempo interpretaciones a la legislación de fondo, las cuales amplían y modifican en su aplicación a la figura penal referenciada”.

Agregó que “las conductas tipificadas por la legislación penal, como normativa de orden público, no resisten interpretaciones ni reglamentaciones que excedan, modifiquen, contradigan o restrinjan los requisitos que deben concurrir en cada una, tal y como ocurre con la norma sancionada”.

“Los artículos 1, 4 y 5 de la norma sancionada -añadió-, permiten interpretaciones y aplicaciones que colisionan abiertamente con el espíritu restrictivo de los tipos cerrados que la legislación penal, como norma de derecho público, posee, en tanto y en cuanto se refieren al 'bienestar físico, psíquico y social', ampliando entonces, en forma notoria, el marco de no punibilidad previsto por el codificador penal”.