El jefe de Gabinete enfrenta una nueva embestida en el Parlamento por haber obstaculizado una orden judicial de desalojo en el gremio de Aeronavegantes. Ahora en el Senado también quieren avanzar sobre el funcionario.
Senadores del peronismo disidente y otros partidos provinciales, enrolados en el Interbloque Federal, presentaron una moción de censura contra Aníbal Fernández por impedir la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato de los Aeronavegantes, lo cual, según los firmantes, sería “una verdadera violación al principio de división de poderes”.
La iniciativa contra el jefe de Ministros es de autoría del salteño Juan Agustín Pérez Alsina y lleva las firmas de su comprovinciana Sonia Escudero, la bonaerense Hilda “Chiche” González de Duhalde, los puntanos Adolfo Rodríguez Sáa y Liliana Negre de Alonso, y la rionegrina María José Bongiorno.
Recordemos que la oposición presentó también en la Cámara baja una moción de censura, paso previo a una eventual destitución.
El presunto desacato a la orden judicial que los senadores le imputan a Fernández se produjo cuando el titular del Juzgado del Trabajo Nº 56 intentó poner en posesión a las nuevas autoridades del sindicato de aeronavegantes y un comisario de la policía, invocando órdenes de Fernández, intentó frenarlo.
“Es un hecho gravísimo que no podemos pasar por alto. Es una verdadera violación al principio de división de poderes y el jefe de Gabinete debe comparecer ante el Congreso para dar las explicaciones del caso”, señaló la salteña Sonia Escudero.
El proyecto se ampara en lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que sostiene que “el jefe de Gabinete puede ser interpelado a los efectos de tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta, la mitad más uno del total de legisladores, de cada una de las Cámaras”.
Según los senadores autores de la moción de censura, los hechos estarían perfectamente acreditados y tendrían entidad suficiente para generar la interpelación del funcionario frente al Congreso de la Nación.
Los legisladores entienden que Fernández “ha incurrido en una flagrante violación al principio de separación de poderes, violaciones que se encuentran tipificadas en el Código Penal en el artículo 239 que representa el delito de desobediencia (al que desobedeciere una orden de autoridad competente) penado con penas de 15 días a un año de prisión”.
Justificaron la moción de censura porque consideran que “existe responsabilidad política de suma gravedad institucional, por cuanto la división de poderes constituye un principio central en el sistema democrático”.
Este es el último de una serie de frentes abiertos que deberá enfrentar el funcionario. Las otras situaciones que Fernández deberá revolver son la denuncia del juez José Sudera por no haber cumplido su orden y enmarcó esa acción en el delito de “desacato de autoridad”, la acusación de los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini por una supuesta interposición de poderes y la de la diputada Patricia Bullrich que pidió que la Justicia investigue si Aníbal cometió “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Todas las denuncias se unificaron y ahora descansan en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo.
