Los legisladores bonaerenses sciolistas presentaron ante la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, un pedido de juicio político contra la jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Isidro.
Se trata de Mirta Ravera Godoy, quien concedió la libertad condicional, contraviniendo informes negativos del Servicio Penitenciario Bonaerense, a un hombre que terminó asesinando el viernes pasado a Graciela García, una vecina de Vicente López de 47 años.
Los legisladores bonaerenses Guido Lorenzino, Iván Budassi, Martín Cosentino y Rodolfo Iriart, junto al senador Alberto De Fazio, presentaron ante la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, un pedido de juicio político contra la jueza Mirta Ravera Godoy, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Isidro.
Según se indicó a través de un comunicado, los diputados y el senador, miembros de agrupaciones sciolistas, piden que se investigue “si el comportamiento de jueza puede ser encuadrado dentro de la causal de remoción de magistrados calificada legalmente como ‘incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones’, tal como lo señala el inciso D del artículo 21 de la Ley 13.661”.
Es que, según los legisladores, la magistrada liberó a Federico Dorado, de 20 años, pese a informes negativos del Servicio Penitenciario, tras lo cual Dorado habría participado del asalto que terminó con la vida de una vecina de Vicente López.
En su presentación, los legisladores indicaron que Graciela García, de 47 años, cuando llegó a la casa de sus padres en Vicente López el viernes pasado a la noche, fue abordada por dos sujetos y asesinada de un disparo en la cara por uno de los delincuentes, que escaparon sin llegar a robar nada.
Luego, a través de testigos y de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se pudo determinar que quién le disparó a García fue Federico Dorado, de 20 años, a quien la jueza Mirta Ravera Godoy le concedió la libertad condicional en mayo, contraviniendo el informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Las autoridades penitenciarias habían consignado una evidente falta de interés del detenido en integrarse al sistema educativo, y su mala conducta general durante su detención, que llevaron incluso a la aplicación de nueve sanciones disciplinarias. Dorado estaba detenido y condenado por portación ilegítima de armas de fuego, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.
Los legisladores expresaron que debe investigarse en profundidad la labor de la funcionaria judicial interviniente, dado que si ese menor no hubiera sido liberado, tal como lo aconsejó fundadamente el Servicio Penitenciario, hoy no estaríamos lamentando la muerte de esta vecina de Vicente López.
