La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado llevó a cabo la charla “Ciudadanía digital: el desafío para el Siglo XXI” este miércoles en una reunión remota con la presencia de las expertas Zelmira May y Roxana Morduchowicz de parte de la UNESCO y Laura Mares como referente de Educ.ar. En el encuentro se discutieron cuestiones como la urgencia de formar a los estudiantes para el mundo digital, las brechas y el “cansancio del Zoom”. Para este año se espera la compra de 640 mil computadoras y el aumento de escuelas con conectividad, que hoy representan sólo un 30%.

La expositora Laura Mares prometió que “este año se van a comprar 640 mil computadoras”. La experta además lamentó que si bien “nos encantaría volver al modelo Conectar igualdad, en ese momento se invirtieron cerca de mil millones de dólares para dotar de computadoras y hacer formación docente en todas las escuelas del país y en marzo del año pasado mil millones de dólares era el presupuesto del programa Alimentar y después vino toda la debacle”. 

En el mismo sentido comentó que “hoy está conectado cerca del 30% de las escuelas, el objetivo de máxima sería llegar al 100%”. Relativizó la importancia de la conexión al asegurar que “hoy hablamos de la presencial y la no presencial” porque “el tiempo no presencial no necesariamente es virtual y no necesariamente es sincrónico” y que los chicos “pueden hacer un montón de cosas con la computadora sin internet”. 

El presidente de la comisión, el senador Alfredo Luenzo (FdT-Chubut), inició el encuentro con la aclaración de que “el tema de la educación en el mundo digital es todo un desafío” y la convicción de la virtualidad como “la única herramienta que tenemos para poder comunicarnos y para acceder a la educación” en el actual contexto de pandemia.

La especialista de programas para educación de la oficina de la UNESCO para Argentina, Paraguay y Uruguay Zelmira May mencionó las nuevas brechas que aparecieron con el Covid-19. “Nuestra región fue la región que por más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas, más que las demás regiones en el mundo”, aseguró, y explicó que “la situación actual está forzando a muchos países a volver a la educación digital”. 

Ciudadanía digital

May explicó que “nadie nos enseñó a vivir en el mundo digital” y por eso “la educación debe ayudar a los estudiantes a formarse como ciudadanos en un mundo digital”. Lo distinguió como “parte del derecho de ejercer una ciudadanía plena”.

Por su parte, la asesora del Programa de Ciudadanía Digital para la UNESCO Roxana Morduchowicz presentó algunos datos estadísticos. “Cuatro de cada diez argentinos están conectados las 24 hs” y “cinco de cada diez argentinos están conectados hasta que se van a dormir”, aseguró. La información se basa en encuestas realizadas antes de 2020, por lo que es muy probable que los números hayan aumentado durante la pandemia.

A continuación, la experta habló de las situaciones de riesgo que eso conlleva para niños y adolescentes, que a las más conocidas como las comunicaciones con desconocidos o el acceso a sitios no deseados agregó algunas más complejas como la falta de la neutralidad en los buscadores, los algoritmos que toman decisiones arbitrarias, el discurso del odio y las noticias falsas. “Todo esto explica la necesidad de una ciudadanía digital”, confirmó.

“El acceso es fundamental. Es el punto de partida pero no el punto de llegada. Allí es donde el trabajo recién empieza”, sostuvo la asesora de la UNESCO, que agregó que “el saber instrumental no garantiza conocimiento y el uso limitado de internet es hoy la nueva forma de exclusión”. Por eso habló de nuevas brechas digitales más allá de la relativa al acceso.

“Un ciudadano digital es quien sabe usar de manera reflexiva, crítica, ética, creativa las tecnologías e internet”. “Las dimensiones de la ciudadanía digital son: protección y seguridad, reflexión y análisis y creatividad y participación” y por eso “no podemos llamar a un joven nativo digital por la fecha de nacimiento, por la generación, sino por las competencias”. Paso seguido, Morduchowicz invitó a los senadores a desterrar el término de nativos digitales de su vocabulario.

El senador José Mayans (FdT-Formosa) solicitó la palabra en dos ocasiones, para felicitar a las expositoras y destacar la importancia de la información presentada. “No olvidemos que tuvimos un presidente que gana las elecciones prácticamente gracias a una falsa información, que fue el caso de la provincia de Buenos Aires cuando acusaron al candidato Aníbal Fernández de un crimen que obviamente no tenía nada que ver”, argumentó.

“El mismo día del cierre de escuelas, el 16 de marzo, salimos con un sitio que era un recorte de lo que es Educ.ar normalmente, que le habla al docente y a la docente y a los estudiantes en su casa”, señaló Laura Mares, gerente general del programa que el año pasado cumplió veinte años. Luego agregó que con el paso del tiempo y en vistas de que las escuelas no volvieron a abrir tuvieron que pensar otras alternativas y entonces “se acordó que el sitio sea de navegación gratuita para llegar a muchos más chicos y chicas”.

“Así como cuando nuestro hijo o nuestro nieto de dos años sabe caminar no le decimos ‘bueno, entonces andá a comprar el pan’ o ‘andá solo al jardín’, tampoco porque sepa usar internet lo tenemos que dejar usar internet solo”, explicó la experta para ejemplificar el uso responsable de las herramientas digitales en los chicos.

Además, señaló que “así como el algoritmo que decide en Amazon que si compramos un libro seguramente nos va a gustar otro también hace que las redes sociales nos muestres a los que piensan parecido a nosotros y eso es peligrosísimo porque nos convencemos de que las cosas son como las muestran ahí. Y pasan barbaridades como la que pasa en estos días con la discusión sobre las vacunas”.

La expositora identificó un “cansancio del Zoom porque para las clases tienen un componente muy fuerte de la invasión de la privacidad” ya que “tener que prender la pantalla los obliga a mostrar un lugar que no necesariamente pueden querer mostrar”. “Con el agregado además de que muchas veces están los padres y las madres al costado de los chicos mirando lo que hacen, ahí hay otro nivel de invasión”. Por eso propuso que “el tiempo sincrónico sea el cara a cara”.

El presidente de la comisión finalizó la reunión al asegurar que lo charlado “es un debate plenamente abierto y propusieron temas centrales que van a formar parte de los debates que nosotros vamos a ir proponiendo”. Concluyó haciendo énfasis en la importancia de  “construirnos como ciudadanos digitales en este nuevo mundo”. Puso en agenda el tema de la siguiente charla: la desinformación.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió de manera remota este martes para ratificar a sus autoridades.

Alfredo Luenzo (Frente de Todos) continuará en la presidencia, mientras que Juan Carlos Marino (UCR) seguirá como vicepresidente y Guillermo Snopek (FdT-Jujuy) como secretario.

Durante el encuentro se abrió el debate sobre las “asimetrías” en términos de conectividad, que se evidenciaron durante la pandemia.

Luenzo señaló que “tenemos un gran desafío este año, que es recuperar el marco regulatorio que está inspirado en lo que en algún momento se denominó la Ley de Contenidos Audiovisuales. Pero ahora, en una propuesta de ampliar por servicios”. 

“Las plataformas digitales” hacen que haya una “asimetría cada vez más profunda” y “la desinformación en el marco de la pandemia se sigue analizando. Esto abre un debate acerca de la co-regulación de las plataformas entre los Estados y las propias corporaciones tecnológicas”, agregó el titular de la comisión.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, habló del 5g. Aseguró que “el tema de las comunicaciones se ha convertido en el gran negocio del mundo” y “se va a avanzar con el tema 5g que trae otras posibilidades, para la industria, la medicina”.

Para el formoseño, esto “crea una puerta muy grande de servicios y es también un mundo de transferencias. Es oportuno que, como Estado, tengamos una visión completa de este tema y esta comisión tiene que trabajar mucho porque este tema avanza a pasos agigantados. Me parece interesante invitar a expertos en materia de comunicaciones”.

En tanto, Ana Almirón (FdT) felicitó a las autoridades “por llevar adelante una tarea tan importante como es la democratización de la comunicación”, aunque también mencionó la urgencia de la “democratización de la conectividad”. 

La senadora oficialista remarcó la “brecha” y “asimetría” que existe, “sobre todo en las provincias del norte”. “Es el trabajo que tenemos que realizar desde esta comisión” porque “algunos chicos no pudieron tener acceso a todos los contenidos escolares por falta de conectividad. Además, se mal informa acerca de cuántas vacunas llegan, a dónde llegan, a quién se aplican y eso genera desinformación”, argumentó.

El debate de la conectividad continuó. Al respecto, Oscar Parilli (FdT) expresó su “apoyo a la decisión del ENACOM de haber comenzado con un largo compromiso muy demorado, incluso desde la gestión anterior no se había utilizado este fondo, en desmedro de todas las comunidades pequeñas para que tengan infraestructura”.

Recogió el guante el fueguino Pablo Blanco (UCR), que señaló: “Me parece muy bien la distribución de recursos, me gustaría que sea más federal. ¿Cuáles son los criterios que se van a tomar para la distribución? En Tierra del Fuego tenemos serios problemas de conectividad. El ENACOM tiene un criterio muy poco federal”.

Consumidores y usuarios son, por definición, personas vulnerables en el contexto de las relaciones de mercado donde es evidente la disparidad de fuerzas con relación a las empresas. Pero además de lo anterior, existen enormes sectores de la población que directamente no acceden al mercado, que no cuentan con los medios indispensables para lograr condiciones dignas de vida y de desarrollo familiar. Este último es un fenómeno que habitualmente es caracterizado como “estructural”, puesto que viene de muchos años de arrastre, pero que en el contexto actual de emergencia sanitaria y aislamiento se ha profundizado quedando al descubierto como nunca antes. Así lo ha reconocido recientemente la CorteIDH al emitir la Resolución N° 01/20 mediante la cual recomienda a los Estados de la región abordar el enfrentamiento al COVID-19 desde un enfoque de derechos humanos. 

Por eso es de enorme relevancia ubicar a los vínculos que se conocen como “relaciones de consumo” en ese gran escenario social, comprensivo de las relaciones de mercado, pero no limitado a ellas, del cual nuestra Constitución Nacional se ha ocupado en los artículos 42 y 43. Partiendo de la anterior premisa, encontramos una directa vinculación de los derechos de consumidores y usuarios enunciados en esos preceptos constitucionales, con los instrumentos de derechos humanos que también se ocupan de garantizar condiciones de trato equitativo y digno y el acceso a bienes y prestaciones vitales como son la educación, la información, la salud y los servicios esenciales. 

En ese escenario, el acceso a internet y a una conectividad de calidad y asequible, adquieren también naturaleza esencial, puesto que hoy más que nunca su disponibilidad es la condición necesaria para el disfrute de otros derechos relacionados con la dignidad de las personas y las familias. En la Resolución 01/02 de la CorteIDH que mencionamos antes, expresamente se reconoce el “rol crítico” del acceso universal a Internet entre otros derechos relacionados con las “necesidades básicas de la población”, recomendándole a los Estados Americanos que garanticen “el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos”. El acceso a internet en perspectiva de derechos humanos, es un “derecho puente” que, como el de acceso a la justicia u otros derechos instrumentales, son imprescindibles para el disfrute de derechos vinculados con el desarrollo en plenitud de las personas. 

Hoy, consumidores y usuarios sin conectividad no pueden acceder a la educación, a la información, a la salud o a otras prestaciones esenciales relacionadas con su vida cotidiana, como hacer las compras en el supermercado, reunirse con familiares a través de plataformas de videoconferencia, pagar impuestos y servicios, acceder a servicios bancarios, etcétera. Ahora bien, esta realidad nos coloca frente a grandes desafíos y dificultades que enfrentamos como sociedad, y también exige del compromiso de los distintos actores institucionales, en mi caso como legislador nacional, que tengo la responsabilidad, y la posibilidad, de intervenir en pos del bienestar de la ciudadanía. 

En ese sentido, se ha comenzado a debatir la regulación de determinados aspectos de las llamadas “tecnologías de la información y la comunicación” (TICs) y de los vínculos que se establecen a través de Internet. Sobre ese espacio digital, los más fundamentalistas o “románticos”, y también los más interesados, propician una especie de anarquía, o bien la existencia de mínimas autorregulaciones sobre la base de determinadas “normas éticas” sin lugar para la intromisión de las leyes. Cualquier regulación, se dice, comprometería la libertad de expresión. Existen gigantescos intereses económicos en juego y el poder de las empresas tecnológicas, en continua expansión y concentración, con activos que trascienden fronteras y desafían el poder de los estados, es enorme; su principal activo no se mide en dinero, sino en la cantidad de datos que poseen de los miles de millones de usuarios que a cada momento dejan sus rastros en el mundo digital. 

A pesar de lo anterior, no hay dudas que la República Argentina en el aspecto normativo ha adoptado una clara política pública y legislativa direccionada a asegurar la función social y la accesibilidad a las TICs para toda la población, apartándose así de aquella orientación que propicia el funcionamiento anárquico o autorregulado del sector. Tanto la Ley 27.078 del año 2014, como el reciente decreto presidencial 690/2020, entre otras, van en ese sentido. No obstante, esas normas y sus reglamentaciones, o la propia Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación, dejan muchos aspectos descubiertos que son aprovechados por los proveedores de servicios digitales y también por los intermediarios de comercio electrónico, para llevar adelante prácticas abusivas o ilegítimas que perjudican masivamente a las y los consumidores. Estas situaciones se han profundizado y han quedado a la vista en el contexto actual de aislamiento que ha acelerado, de manera impensada hasta hace poco, la digitalización de las relaciones de consumo. 

Atendiendo a esa situación presentamos en el Congreso Nacional el Proyecto De Ley de “Regulación de los Servicios Digitales de Intermediación en Línea para la Defensa de la Competencia y los Consumidores” (número 4399-D-2020), a través del que se busca evitar o limitar la posibilidad de que los intermediarios impongan por sí mismos las condiciones de comercialización en detrimento de la competencia justa, direccionen el consumo, alteren la publicidad, o introduzcan productos propios (directa o indirectamente) en perjuicio de los restantes proveedores o de las y los consumidores y usuarios. Quedan muchos otros aspectos por regular, tales como la publicidad comercial a través de redes sociales y la actividad de los llamados “influencers”, el manejo de datos, la ciberdelincuencia, entre un gran número de situaciones y vínculos jurídicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de resguardar los derechos de las y los consumidores y usuarios argentinos. 

Otro de los grandes temas de los que nos tenemos que ocupar es la fuerte concentración que existe en el mercado de las TICs, y el dificultoso acceso a determinada información para posibilitar el control del sector por parte de las autoridades competentes. Y esta cuestión no es un tema a discutir como política legislativa, sino que consiste en un mandato constitucional exigible al propio Estado contenido en el segundo párrafo del artículo 42 de la CN, que coloca en cabeza de las autoridades la obligación de establecer reglas que aseguren la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios naturales y legales. Ya sea que se trate del comercio electrónico (en donde prácticamente existe un único proveedor intermediario), el de envios a domicilio (donde en poco tiempo contaremos con apenas dos opciones) o del servicio de telefonía móvil (repartido entre tres o cuatro multinacionales), o el creciente mercado de las fintechs, cuyas prácticas ya han sido motivo de advertencia por el BCRA, entre otros claros ejemplos, todas esas son situaciones que requieren imperiosamente del dictado de normas que aseguren el funcionamiento transparente de esas actividades y el respeto a los derechos de primera jerarquía que se encuentran en juego. 

Está claro que queda mucho camino por recorrer en estos temas, muchos de los cuales tendremos en cuenta para la elaboración de un Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación, en el que también nos encontramos trabajando por estos días. 

No hay dudas que el efectivo goce de los derechos de consumidores y usuarios necesariamente debe ser atendido en el doble aspecto señalado al principio. Debemos alcanzar una verdadera universalización del acceso a la conectividad en condiciones equitativas, de forma tal que el acceso a internet se convierta efectivamente en una herramienta capaz de revertir, y no de acrecentar, las desventajas estructurales que enfrentan las personas en las relaciones de consumo; principalmente las personas de bajos recursos y las que viven en zonas geográficas alejadas de los centros urbanos. Debemos conseguir un efectivo control del mercado digital y de las prácticas que se desarrollan en ese entorno, espacio en el que la libertad de expresión (que es una de las garantías básicas de nuestra constitución y pilar de la república), no puede ser utilizada como excusa para permitir abusos o propiciar la desregulación del comercio en abuso de la parte débil de la relación: el consumidor y usuario. 

El diputado provincial de Cambio Federal, Guillermo Bardón, planteó su preocupación por los más de 200 mil estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo al no tener ningún tipo de conectividad en el contexto de la cuarentena, y pidió al gobierno provincial que tome “medidas urgentes” para “resolver esta situación que genera desigualdad”.

“La Directora General de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, acaba de reconocer que el 5 por ciento promedio de la matrícula total de estudiantes no tiene ningún tipo de conectividad, lo cual es sumamente preocupante porque esto significa que desde que se inició la cuarentena hay unos 230 mil alumnos que fueron expulsados del sistema educativo”, afirmó Bardón.

El legislador de Cambio Federal consideró que “la educación, en este contexto, debería pensarse como una actividad esencial y habilitar espacios que sean utilizados para que esos alumnos puedan volver a estudiar”.

“La realidad ha demostrado que la apertura de algunas actividades esenciales, siguiendo estrictos protocolos, ha funcionado. Pensar en una estrategia similar para que más de 200 mil chicos no queden sin recibir educación, podría ser una solución si tenemos en cuenta que no se trata de una vuelta masiva a la escuela sino de focalizar en ese 5 por ciento que no tiene acceso”, indicó Bardón.

El legislador de La Plata sostuvo que “las medidas adoptadas para frenar la pandemia están generando una profunda desigualdad en el acceso a la educación, y esto amerita que el Gobierno tome medidas urgentes para resolver la situación de los estudiantes que hoy están completamente fuera del sistema educativo. Reincorporar a los alumnos excluidos debería ser una prioridad, independientemente de la decisión que se tome a nivel general con el regreso a las aulas”.

Para finalizar, Bardón sostuvo que “se deben implementar medidas urgentes que eviten que se agrande la brecha educativa entre los que tienen recursos y los que no. La educación debe seguir funcionando como un igualador y generador de oportunidades”.

Ante la problemática que agudizó la pandemia del Covid-19 y buscando generar arraigo en cada punto de la provincia de Buenos Aires, el senador, Francisco ‘Paco’ Durañona presentó su proyecto de ley “Buenos Aires Conectada”.

El senador Francisco Durañona presentó, junto a su compañero de bancada Omar Plaini, un proyecto de ley que busca garantizar el derecho universal de los y las bonaerenses a acceder a internet y eliminar las desigualdades vinculadas con la localización geográfica, el nivel socioeconómico, la edad o el género.

Durañona explicó que esta Ley pretende que el “Estado reconozca y garantice el acceso a la conectividad para toda la población bonaerense, ya que la falta de equidad en esta materia implica una doble vulnerabilidad sobre los sectores más humildes de nuestra sociedad.

Esta problemática ha quedado expuesta con las dificultades que estos grupos han tenido para acceder a las prestaciones del Estado Nacional y Provincial en el marco de la crisis socio sanitaria por la pandemia de COVID-19”.

De esta manera, remarcó que la norma “tiene la férrea vocación por desarrollar la innovación tecnológica para potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad, así como de las actividades productivas”.

Asimismo, el referente de Movimiento Arraigo explicó que la Ley se basa en “la necesidad de velar por el pleno ejercicio de todos los derechos y asegurar el arraigo de los y las ciudadanas en los lugares que eligieron para vivir, desarrollarse y crecer”.

Según argumenta el texto del proyecto, además de asegurar la calidad de la prestación y la racionabilidad de los precios, se pretende “eliminar las restricciones y asimetrías existentes en relación al acceso de este servicio fundamental”.

También busca ampliar los servicios a la información y las comunicaciones en sus diferentes modalidades, optimizando el uso del tendido de fibra óptica, así como la articulación con AR-SAT y ENACOM para garantizar la cobertura de la totalidad de la extensión provincial en un plazo máximo de cinco años.

El ex intendente de San Antonio de Areco precisó que el objetivo es “fortalecer la inclusión digital y ampliar la democratización en el acceso a estas herramientas, así como encaminarnos a diluir la brecha existente en esta materia, clave para el desarrollo de nuestra provincia, la integración de nuestras regiones y la potencialidad de los bonaerenses”.

En ese sentido, destacó la necesidad de “establecer como prioridad la apropiación de estas tecnologías, atender las necesidades de las comunidades y hacer hincapié en la generación de contenidos propios, conocimientos y capacidades de las personas para su uso, ya que esto constituye una cuestión fundamental para la inclusión social y nuestra identidad”.

Esta norma busca desarrollar un plan estratégico en materia de infraestructura que facilite el vínculo entre la ciudadanía y la estatalidad en todos los niveles. Por ello, el dirigente del interior y autor de la iniciativa, “Paco” Durañona manifestó que “esta propuesta pretende reforzar la articulación con los gobiernos locales, que son el primer contacto, y permitirá proyectar horizontes de posibilidad en base al arraigo de nuestras comunidades en cada uno de los 135 municipios. Es trascendental asegurar una completa y buena conexión a internet en toda la provincia”.

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados realizó este jueves una reunión informativa con el objetivo de avanzar sobre una agenda de trabajo compartida sobre “Conectividad y brecha digital: Pandemia y Postpandemia”.

El encuentro que se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de la gerenta General de Educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación, Laura Marés, el director de Enacom, Raúl Quilodrán, y el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martín Olmos.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada nacional Blanca Osuna (FdT), manifestó que “el objetivo del encuentro se basa en abordar conjuntamente una agenda común sobre conectividad, brecha digital, educación y derechos”.

“En nuestra comisión, hemos recibido 19 proyectos relacionados a esta temática”, explicó la legisladora, al tiempo que remarcó: “Necesitamos políticas de Estado para el acceso a internet como derecho y la posibilidad de conectividad”.

Luego, el titular de la comisión de Comunicaciones e Informática, diputado nacional Pablo Carro (FdT), afirmó: “Buscamos dar un puntapié para poder debatir las leyes que tenemos que sancionar”.

Desde la UCR, la diputada nacional Karina Banfi afirmó: “La conexión es un derecho humano y no solo en contexto de la pandemia. El acceso a la información es central para ejercer nuestros derechos”.

Luego, la diputada del Pro Alicia Fregonese expresó que “es muy importante la formación docente”, ya que -remarcó- “han asumido un gran desafío en el contexto de la pandemia”.

En tanto, la gerenta general de Educ.ar SE del Ministerio de Educación de la Nación, Laura Marés, explicó que “desde Educ.ar SE potenciamos la alfabetización digital a través de la conexión a Internet de las escuelas, la entrega de dispositivos y herramientas digitales para completar la conectividad en todo el país.

“El uso de la tecnología es un derecho, no solo para estudiar, sino también para trabajar, y ver una película, etc.”, remarcó.

A su turno, Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), indicó: “Tenemos que trabajar para tener una Argentina más justa y menos desigual en términos de conectividad”.

“Hoy la sociedad en su conjunto nos demanda una mayor conectividad para educarnos y trabajar. Queremos una gestión federal para resolver los problemas de nuestro país”, remarcó.

En ese sentido, el representante de Enacom manifestó: “Buscamos reducir la brecha digital, pero eso requiere que esa conectividad esté acompañada de dispositivos digitales con la tecnología necesaria”.

A su turno, el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martín Olmos, señaló que “esta crisis ha puesto a la conectividad y a las telecomunicaciones en un lugar de mayor centralidad en forma transversal a las distintas brechas que existen en materia de salud, educación y trabajo”.

“Nuestra mirada sobre el tema de la conectividad es que es fundamental desde el punto de vista de los derechos”, remarcó. Y agregó: “Sin conectividad es difícil que muchos derechos básicos tengan cumplimiento efectivo”.

Sobre los lineamientos de su gestión, Olmos destacó “el lan de puesta en valor de la televisión digital en la Argentina y el plan satelital del tercer satélite de ARSAT para una mayor conectividad”.

Finalmente, los legisladores integrantes de ambas comisiones coincidieron en la importancia de continuar con estas reuniones informativas para analizar el acceso a la conectividad y poder debatir todos los proyectos presentados orientados a “achicar la brecha digital”.