El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, fecha que recuerda el inicio de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de ANMAT.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernandez, Carolina Yutrovic, Roxana Monzón, Natalia Zabala Chacur, Pablo Todero, Carolina Gailard, Ramiro Gutierrez y Jorge Romero.

“El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”, señaló Valdés, integrante de la comisión especial investigadora de la cámara de diputados, que recientemente dictaminó su informe final.

La iniciativa busca honrar a las víctimas, visibilizar las fallas en los controles y promover políticas públicas de prevención sanitaria, luego de que el país tomara conocimiento —en mayo de 2025— de la masacre silenciosa causada por el suministro de fentanilo contaminado a pacientes en distintos centros de salud del país.

“El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la seguridad farmacológica. Esta tragedia nos dejó al menos 120 víctimas fatales y una herida abierta como sociedad. No puede volver a ocurrir”, afirmó el Valdés.

Un antes y un después en la seguridad sanitaria

El proyecto destaca que la investigación reveló fallas profundas en trazabilidad, vigilancia epidemiológica y control de laboratorios, que impidieron advertir tempranamente la adulteración del medicamento. La Comisión Especial Investigadora del caso —creada por unanimidad de la Cámara— propuso medidas legislativas para mejorar los sistemas de control de medicamentos, auditorías, alertas sanitarias y trazabilidad.

Valdés remarcó el rol de los familiares: “Este proyecto también es un pedido de quienes sobrevivieron y lucharon para visibilizar la tragedia y exigir reformas. Institucionalizar esta fecha honra ese compromiso y fortalece la responsabilidad del Estado”.

Objetivos del Día Nacional

La iniciativa establece que cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar Jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades.

Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias. A su vez, prevé la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados. “El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.

El 20 de marzo se cumplieron cinco años del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 a través del cual el gobierno de Alberto Fernández establecía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, tal como se lo conoció) como política para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, ante más de una decena de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el transcurso de la cuarentena por el COVID-19, el diputado del Pro Fernando Iglesias, acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet y Lilia Lemoine (LLA), presentó un informe que recoge algunos de esos delitos cometidos por el Estado nacional y las provincias.

El acto se realizó en el Salón Blanco del Congreso y estuvieron presentes también los diputados Maru Sotolano, Carlos Arancibia, Gerardo Milman y Javier Sánchez Wrba, además del escritor Marcelo Gioffré.

“Esta medida fue valorada positivamente en el comienzo de la crisis sanitaria por su relativo éxito para contener el avance de los contagios y las muertes en el territorio nacional. La medida, dispuesta originalmente hasta el 31 de marzo de ese año, se fue prorrogando a través de sucesivos decretos, hasta el punto de que nuestro país implementó una de las cuarentenas más restrictivas y extensas del mundo”, sostiene el informe.

El documento recoge de diversas fuentes los principales casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos esenciales cometidos por las fuerzas policiales en los primeros meses de la cuarentena. El informe, que se presenta en el quinto aniversario del decreto 297/2020, “es un punto de partida para colaborar y que la justicia pueda avanzar en su esclarecimiento”.

En el mismo acto, el diputado Iglesias también anunció que volvió a presentar un proyecto de ley, como viene haciendo desde 2020, para crear una Comisión Bicameral Nacional de Investigación de los Delitos Cometidos por el Estado en la cuarentena (CONADEC). Pero esta vez, amplió el eje de la investigación de esa comisión al manejo de las vacunas por parte del gobierno de Alberto Fernández, que dejó muchas preguntas sin responder sobre ese punto.

Lo acompañaron en la iniciativa diputados de varios bloques: Ajmechet, Lemoine, Diego Santilli, Juan Manuel López, Manuel Quintar, Marcela Campagnoli, Damián Arabia, Patricia Vásquez, Maru Sotolano, Florencia De Sensi, Martín Ardohain, Sergio Capozzi, Ana Clara Romero y Gerardo Milman.

“A veces las sociedades tienen mala memoria y por eso trabajamos en este informe e impulsamos la creación de una Comisión que investigue estos delitos”, señaló Iglesias. “El otro día escuchaba que el diputado Leopoldo Moreau mencionaba que vivimos en un estado policial. Se ve que se olvidó de lo que era vivir en cuarentena con Alberto Fernández, cuando había desapariciones, torturas y asesinatos”.

La diputada Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, valoró la presencia de los familiares, nucleados en el Movimiento Ciudadano #20M. “A los familiares que vinieron hoy, a quienes conozco, les dije que no los iba a abandonar. Porque nadie se suicida en una comisaría. Y porque se vulneraron derechos fundamentales. 'Hasta el último suspiro tengo mis derechos', dijo Solange Musse. Y tenía razón”, expresó.

La diputada Lemoine le dio un enfoque en primera persona a su presentación: “Yo me metí en política por lo que pasó en la cuarentena. El día que anunciaron que nos encerraban por 15 días estaba en un hospital con mi madre que tenía cáncer. La mantuve con vida 5 meses casi sin ayuda”.

En el informe, apuntó: “Cada paso, se revelaba la corrupción y la improvisación del gobierno argentino. El rechazo de las vacunas Pfizer. Los anuncios ridículos de que, con la vacuna AstraZeneca, Argentina iba a vacunar al continente entero. Los negociados con Putin por la vacuna Sputnik. El show mediático montado alrededor de los aviones de Aerolíneas Argentinas. La instrumentación de los aplausos a las 9:00 de la noche. La puesta en escena del presidente Fernández, con sus filminas, a la cabeza del Trío Pandemia. Las festicholas en la Residencia de Olivos”.

“La Organización Mundial de la Salud jugó un rol lamentable, pero como institución sin ninguna capacidad de cohesión ni de sanción, la responsabilidad toda les correspondía a los gobiernos. El nuestro fue, probablemente, uno de los que lo hizo peor en todo el mundo. El grado de represión que demostró superó ampliamente todas las recomendaciones de las agencias internacionales y la cuarentena fue absoluta y prolongada artificialmente por motivos que explicó muy bien el exministro de economía Martín Guzmán: la conveniencia política para el gobierno”, denuncia.

Así, resume que se trató de “las peores violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia”, y afirma que el documento es una guía que puede disparar nuevas denuncias y proveer de información importante a la Justicia argentina, que “lamentablemente debería haberse ocupado antes y mejor de todos estos temas, y con contadas excepciones”.

“El estado de aislamiento sirvió de excusa para el ejercicio de una violencia institucional de magnitud alarmante desde su entrada en vigencia y en virtud del despliegue de las fuerzas de seguridad en la Argentina”, cerró.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), se reunió este miércoles para continuar escuchando a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la pandemia.

Sobre la temática expusieron María Soledad Laciar, madre de Blas Correa, asesinado el 6 de agosto de 2020 por la policía; y Silvia Orecchia, madre de Héctor Gabriel Quintana, quién murió el 31 de julio 2020 por abandono del sistema de salud.

La primera en exponer fue Laciar quien afirmó que “lo que ocurrió con Blas excede lo partidario”. “Hace casi cuatro años que hago política, porque estar sentada acá es hacer política; me han ofrecido formar parte, pero hoy siento que desde este lugar sumo más”, reflexionó. “Esta lucha cuesta un montón, cuesta emocionalmente mucho”, expresó y agregó: “Vengo a hablar por mi hijo que no está, a hablar por aquellos que no tienen vos, que también los escuchen”.

Luego, hizo un resumen de lo sucedido el día del asesinato de su hijo Blas. Sobre el proceso judicial, Laciar remarcó que “hemos dado un gran paso con esta sentencia ejemplar que tuvimos el año pasado, que fue de los trece policías que estaban imputados, once con condena, por encubrimiento de omisión de deber de funcionario, y dos con perpetua, que fueron los que dispararon”.

Asimismo, les solicitó a los legisladores que lean el proyecto de ley Blas, y sus fundamentos, el cual busca agravar los crímenes de integrantes de las fuerzas de seguridad y militares. Para finalizar, emocionada expresó: “Vine acá para que justicia por Blas se convierta en un nunca más”.

En segundo, y último lugar, hizo uso de la palabra Orecchia, quien describió lo sucedido con su hijo. Durante su relato sostuvo que “no soy experta en derecho, pero creo que tengo derechos, y mi hijo también los tenía, y mis otros cuatro hijos también porque son también víctimas”. "Estoy muy contenta que por fin alguien me escuchó", concluyó.

Tal cual lo anunciado por la flamante presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, Sabrina Ajmechet, ni bien asumió en ese cargo, este miércoles 24 de abril se realizará una reunión informativa a la que asistirán familiares de víctimas de delitos contra los derechos humanos sufridos en pandemia.

Será a partir de las 14, y forma parte del anuncio de la diputada del Pro que anunció que se creará el Registro de Violaciones en Pandemia, que recogerá denuncias y buscará fomentar la memoria y la justicia para aquellos afectados por posibles abusos durante la cuarentena por el coronavirus impuesta por el gobierno de Alberto Fernández.

Cuando asumió al frente de la Comisión de DDHH, el 10 de abril pasado, Ajmechet sostuvo que el Gobierno de Alberto Fernández fue “el que más violaciones de derechos humanos cometió en democracia”.

Cuando anticipó Ajmechet la reunión informativa que pensaba convocar dos semanas después, el vicepresidente de la comisión, Hugo Yasky, propuso ampliar la convocatoria a “las víctimas de las políticas represivas que se están aplicando” en la actual gestión de gobierno.

También intervino en la ocasión otro diputado de UP, Juan Marino, que retrucó los dichos de Ajmechet respecto de que durante el Gobierno de Alberto Fernández se registrara la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en democracia, recordando las víctimas del 19 y 20 de diciembre de diciembre. “Cuarenta muertos”, citó, adjudicándoselos a la gestión de Fernando de la Rúa.

En este caso Marino se encontró con la réplica del diputado Fernando Iglesias, quien primero aclaró que habían sido 39 los muertos, pero dijo que solo 7 se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito cuya seguridad estaba en manos de fuerzas federales. En cambio, aclaró, 10 fueron “en la Santa Fe de (Carlos) Reutemann, gobierno justicialista; 11 en la Buenos Aires de (Carlos) Ruckauf, gobierno del PJ; 3 en la Córdoba de (Juan Manuel) De la Sota, gobierno justicialista, y uno en el Tucumán de (Julio) Miranda, gobierno justicialista”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó este lunes una resolución para poner bajo la órbita del Congreso el Observatorio de Víctimas del Delito, que hasta ahora dependía del Ministerio de Justicia de la Nación.

El texto materializa, a partir del 1ro. de marzo de este año, el traspaso del Observatorio desde Poder Ejecutivo al Legislativo.

Massa firmó la resolución en el Salón de Honor con la presencia de los familiares de víctimas de delito Luciana Carrasco, Matías Bagnato, Alberto Lebbos, Guillermo Bargna y Jimena Aduriz.

La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos fue sancionada en junio de 2017 y reglamentada, mediante el decreto 421/2018, el 9 de mayo de 2018.

La ley creó el Observatorio de Víctimas del Delito, un organismo de monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas, sus familias y entornos con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

“El desafío del Observatorio y de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito es básicamente cumplir con la Ley de Víctimas, equilibrar la carga, darle a las víctimas del delito las herramientas desde el Estado para protegerlos, asistirlos y cuidarlos”, destacó Massa.

Ante los presentes, el diputado dijo que en los casos en los que estuvieron involucrados -como las masacres de Flores y Cromañón y el crimen de Paulina Lebbos- “el Estado no tenía herramientas” para asistir a las víctimas.

“El desafío es que el Estado equilibre en la balanza de la Justicia el apoyo a la víctima, y ese es el desafío con el cual se pone en marcha este instrumento desde el Congreso. Estamos poniendo en marcha un instrumento que hace la diferencia entre una víctima que se siente sola y una víctima que se siente protegida por el Estado”, resaltó Massa.

Matías Bagnato, quien perdió a su familia en la masacre que cumple 26 años, expresó: “Es un triunfo escuchar la palabra ‘victima’ en el Congreso. El espíritu de esta ley es llegar a las victimas sobre todo del interior del país, a quienes les es muy difícil acceder a los medios de comunicación”.

Por su parte, Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, sostuvo que “todas las víctimas somos iguales, y con la Ley de Víctimas hemos logrado visibilizar nuestras problemáticas”.

En tanto, Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, elogió la resolución de Massa: “Con una celeridad única ha dispuesto que el Observatorio funcione en esta casa del pueblo”.