Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto tratan la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de Diputados. Exponen funcionarios e invitados.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este miércoles el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto del Senado para defender el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados.
Acompañado por el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”.
En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y magistrados, y del Servicio Exterior.
Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”.
En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.
Moroni aclaró que no se busca terminar con el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces, pero se preguntó “cuánta desigualdad es necesaria para que un juez actúe en forma independiente”.
Por eso, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sube de manera gradual la edad jubilatoria hasta llegar a los 65 años y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.
Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.
En el caso del Servicio Exterior, explicó que a los funcionarios actuales se los mantiene en el régimen actual, y aquellos que ingresen a la carrera una vez sancionada la ley ingresarán al régimen general, y además “se reduce la tasa de sustitución del 85% al 82%”.
Según el secretario de Seguridad Social, con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.
“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.
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