“El DNU 457 trastoca el programa constitucional al transferir esa atribución al jefe de Gabinete de Ministros. Si la ley de presupuesto establece la finalidad de las partidas pero luego el Jefe de Gabinete reestructura sin límites el destino de las mismas, este último termina apropiándose de una competencia del Poder Legislativo. Con el agravante de que la delegación recae en un funcionario que ni siquiera es de carácter electivo. La ley de presupuesto pasa a ser una norma vacía de contenido”. Este párrafo corresponde al comunicado difundido este martes por los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del interbloque Juntos por el Cambio en referencia a los poderes especiales otorgados por el presidente a Santiago Cafiero a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Los diputados remarcaron que “los superpoderes constituyen una práctica anómala e irregular que como tantas otras fueron ‘normalizándose’ en la práctica, al incluirse en las leyes de presupuesto esa delegación. Los superpoderes fueron institucionalizados durante el gobierno de Néstor Kirchner. El jefe de Gabinete quedó autorizado a disponer las reestructuraciones presupuestarias que a su arbitrio fueran necesarias, sin ningún tipo de limitación”.

“Esta anomalía se corrigió en 2016 con la modificación de la Ley de Administración Financiera, acotando la atribución del jefe de Gabinete a límites razonables, para afrontar las situaciones excepcionales que se presentan durante la ejecución presupuestaria. De esta forma, quedó establecido que el jefe de Gabinete solo podría efectuar reestructuraciones hasta el 7,5% del total del presupuesto durante 2017, y solo hasta el 5% desde 2018 en adelante”, puntualizaron a través de un comunicado en el que afirman que “el Poder Ejecutivo nos devuelve a los superpoderes en toda su plenitud. El art. 6° del decreto habilita a que el jefe de Gabinete reestructure las partidas durante todo 2020 sin ningún tipo de límite. Y si bien lo enmarca en la finalidad de la pandemia, constituye un criterio absolutamente subjetivo, indefinido e insuficiente para acotar tan exorbitante potestad”.

Recuerdan los legisladores que los DNU están previstos para que el Presidente emita disposiciones de contenido legislativo como excepción, cuando la urgencia hace imposible seguir el trámite ordinario para aprobar las leyes. “Pero de ninguna manera pueden ser empleados para alterar la distribución de competencias que dispone la Constitución ya que ello equivaldría a reformarla”, aclaran, para agregar luego: “Con el agravante de que todo ello se suscita en un escenario de “suspensión de las actividades” de las Cámaras y consecuente superabundancia de DNU, carencia de ley de presupuesto para 2020 e incumplimiento del jefe de Gabinete en asistir a rendir el informe mensual ante las Cámaras que le impone el art. 101 de la Constitución”.

Así las cosas, consideran que “el Gobierno reedita las prácticas kirchneristas: discrecionalidad y arbitrariedad para decidir la inversión presupuestaria, falta de control en la ejecución del presupuesto, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un grupo reducido de funcionarios”. Todo ello –añaden- “posibilitó y dio lugar a la cartelización de la obra pública, los sobreprecios, las obras que se pagaban pero ni siquiera se iniciaban, y un esquema inédito de corrupción sistémica”.

Los diputados de Juntos por el Cambio afirman que “Cambiemos terminó con los superpoderes en 2016 porque para combatir la corrupción había que terminar con las herramientas que la facilitan. No podemos volver al mismo esquema, el DNU 457 debe ser inmediatamente derogado”.