El oficialismo porteño buscará regular las apps de delivery

La Comisión de Tránsito y Transporte se reunirá este viernes a las 10.30 para debatir acerca de una serie de modificaciones en el Código de Transito y el Régimen de Faltas de la Ciudad, a fin de reglamentar y regular las actividades de apps como Pedidos Ya, Rappi, Uber Eats, entre otras.

repartidores delivery

Debido al crecimiento que vienen teniendo en los últimos años, la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña se reunirá -a través de Zoom- este viernes a las 10.30 para comenzar a debatir un proyecto de ley que busca introducir una serie de modificaciones en el Código de Transito y el Régimen de Faltas de la Ciudad, con la intención de poder regular las actividades desarrolladas por las aplicaciones de delivery, como por ejemplo Glovo, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras.

La medida fue impulsada por la presidenta de dicha comisión, Cristina García (VJ), y por el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev), quienes plantean la posibilidad de incorporar en el mencionado Código la figura de “operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”; por lo que establece que se trataría de una “persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias”.

Además establece que las apps deberán contar con la habilitación correspondiente para poder operar y deberán inscribirse en el “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias (RUTRAMUR)”, aunque el texto aclara que aquellos establecimientos gastronómicos u otros locales comerciales que no desarrollen como actividad principal la mensajería urbana o reparto a domicilio quedarán eximidos de la obligación de inscribirse en este registro.

La vigencia de la habilitación será de un año, pudiendo renovarse en forma indefinida, y será otorgada a título personal y es intransferible. Por lo que estará prohibido realizar cualquier acto de disposición, transferencia de uso y goce, cesión, comodato o venta de las habilitaciones.

Para lograr la correspondiente habilitación, las aplicaciones deberán acreditar su inscripción en la  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), constituir un domicilio en la Ciudad y uno electrónico, entre otras cuestiones. Mientras que los mensajeros además deberán acreditar que no poseen infracciones de tránsito.

Por otro lado, la iniciativa impulsada por el oficialismo sostiene que los repartidores deberán aprobar cursos de capacitación obligatorios, los cuales incluirán nociones de seguridad vial y de normativa vinculada con los servicios que presten, según corresponda. A su vez, para poder prestar el servicio, deberán contar con casco homologado e indumentaria con bandas reflectivas.

El proyecto también plantea que las apps cuenten con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple, accesible y constantemente disponible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento eficaz para solucionar o dar respuesta a los reclamos.

En tanto plantea sanciones para las aplicaciones que no se ajusten a la normativa, las cuales pueden ir desde suspensiones hasta 30 días, la suspensión de la habilitación o la imposibilidad de obtenerla por el plazo de un año.

En los fundamentos de la medida, García y Guouman explicaron que “el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias en motovehículos o ciclorodados ha evolucionado notablemente en los últimos tiempos, tanto en su dimensión como también en sus avances tecnológicos, convirtiéndose, en este contexto de pandemia, en una de las actividades de mayor importancia que se llevan a cabo en la Ciudad y en convivencia con todos los que vivimos y circulamos en ella”.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “no sólo estamos otorgando un marco legal más acorde a la actividad, sino también nuevas pautas, prohibiciones y sanciones que redundan en mejores condiciones de seguridad vial. Por ejemplo, al establecer las características de los vehículos, la exigencia de capacitación del conductor, de uso de cascos e indumentaria reflectiva y al determinar los seguros exigibles de acuerdo a las características del servicio”.

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