Debido a que se trata de un servicio optativo y a que la recesión económica provocó una baja en sus matrículas, la Legislatura porteña aprobó una iniciativa que le solicita al Gobierno de la Ciudad que inicie las gestiones necesarias ante el Poder Ejecutivo nacional para que este condone las deudas y exceptúe del pago de los servicios públicos a los jardines maternales de gestión privada, cooperativos o sociales.

La medida fue impulsada por la diputada Manuela Thourte (UCR-Ev), quien explicó en los fundamentos de la misma que en el caso de los jardines privados, el aislamiento obligatorio “ha redundado en la mora del pago de la cuota mensual en algunos casos y en otros en la caída de la matrícula para este año lectivo” y recordaron que “en el 2018, 56% de la matrícula de nivel inicial en la enseñanza oficial en la Ciudad acudía a instituciones del sector privado; este porcentaje es más alto para los estudiantes más jóvenes, llegando a 59% y 62% en el jardín maternal y la sala de tres años, respectivamente”.

“Debemos evitar la invisibilización de estas más de 250 instituciones de cuidado de gestión privada que acogen a una gran parte de los niños y niñas entre los 45 días y los tres años de edad, que en la Ciudad son más de 160 mil”, añadió y precisó que “las salas que trabajan con los niños que tienen edades que no están incorporadas a la enseñanza obligatoria cumplen con la función de proteger la integridad bio-psico-social de los niños; dado que la primera infancia es una etapa fundacional en la vida de las personas, es el momento de mayor desarrollo y de incorporación de aprendizajes que se aplicarán en el resto de la vida”.

Además señaló que “la falta de ingresos o la merma de los mismos, torna imposible a estas instituciones sostener una estructura de pagos de manera ordinaria” e insistió “por eso solicitamos se arbitren los medios para otorgarles algún auxilio económico para asegurar su subsistencia ya que, entendemos, cumplen una función esencial en nuestra sociedad. Como la competencia en materia de servicios es nacional es que solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se arbitren los medios necesarios para poder hacer llegar esta solicitud a las empresas nacionales prestatarias de servicios”.

Al mismo tiempo que manifestó que “el horizonte de serias dificultades económicas para el sostenimiento de las actividades de las instituciones educativas para la primera infancia, creemos que es necesario que se adopten todas estas medidas para que se pueda garantizar la continuidad de sus servicios cuando se reinicien las clases, garantizando que las familias cuenten con una oferta educativa para sus hijos, y para no poner en riesgo los puestos de trabajo del personal docente y no docente de dichas instituciones” y concluyó considerando que “sería deseable que ante la posibilidad de estas reducciones se genere una sinergia positiva que permita que estas instituciones adopten medidas similares con aquellas familias que manifiesten dificultades económicas en el sostenimiento de la cuota o de la matrícula, para este año y el subsiguiente”.