Al exponer este viernes ante las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos de la Cámara baja, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que “el compromiso que teníamos cuando éramos oposición, también lo tenemos hoy en la búsqueda de erradicar la violencia institucional en democracia, porque esto no tiene color ni bandería política es un problema de la democracia: tenemos que ser muy claros con los  mensajes que desde el Ejecutivo se dan para erradicar esta problemática”.

“No hay gobierno que no haya tenido casos de violencia institucional”, señaló el funcionario, aclarando que con ello no pretendía justificar nada. “Yo fui opositor hace poquito, cuando era diputado nacional, llevábamos adelante una denuncia activa en los casos de violencia institucional, y apenas asumí, pensamos en potenciar la Dirección de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos”, señaló durante una participación en la que previsiblemente el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro estuvo sobrevolando permanentemente.

En ese marco, el secretario brindó un Informe de Gestión de Violencia Institucional y recordó que si bien pretendían lanzar una campaña fuerte en el tema la misma se vio interferida por la irrupción de la pandemia de Covid-19. “Nos tuvimos que readaptar”, reconoció, y admitió que prontamente entendieron que la pandemia “iba a traer más casos, porque había un control social por la epidemia”.

Detalló cómo funciona el Centro de Atención de Denuncias y en ese marco consideró que el asesoramiento jurídico “es fundamental, porque la mayoría de las familias nunca tuvieron un acercamiento con la justicia”. Tras destacar que “el rol de la justicia es fundamental”, destacó que también es clave la “sanción política”. Puso este orden: “Sanción política y después sanción judicial, porque cuando hay sanción política le da un mensaje claro a la justicia para que avance en una sanción”.

A continuación, por primera vez en su intervención Pietragalla se refirió a la gestión anterior al señalar que cuando concluyó la administración de Cristina Kirchner, esa secretaría contaba con 40 trabajadores; al asumir Cambiemos tenían 26, en 2017 bajaron a 12 y en 2018 llegaron a 10 trabajadores. “Cuando llegamos nosotros había 5 nomás”, advirtió el secretario, enfatizando que con esa cantidad mínima “en un área tan importante para resolver los casos y acompañar a las familias, la verdad que era muy poco lo que se podía hacer”.

“A partir del 10 de diciembre queremos empoderar esta área”, afirmó, anticipando que gradualmente irán reincorporando personal, y potenciando áreas estratégicas. “Hoy contamos con 12 trabajadores, que están trabajando desde sus casas y la secretaría”, agregó.

Admitió luego que luego de declararse la pandemia, las denuncias y los casos subieron mucho más, y mostrando un gráfico lo ejemplificó: 71 denuncias entre el 10 de diciembre y el mes de marzo, contra 531 denuncias después del ASPO.

Para Pietragalla, “resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de quién gobierne”. Y señaló en ese sentido que “celebramos esta sensibilidad con el tema de parte de la oposición, porque ojalá esto hubiera pasado años atrás. Serían muchas las vidas que no estaríamos lamentando; en esto no hay que jugar con oportunismo político, necesitamos que se generen herramientas. Cada caso de violencia institucional termina siendo un problema para todo el Estado argentino a través de las sanciones que reciben por parte de las organizaciones de derechos humanos”.

En ese marco el secretario de DDHH deslizó la existencia de una iniciativa del Frente de Todos para llevar adelante un proyecto de ley, que está esperando el acompañamiento de otros bloques, pero que “para nosotros es de suma importancia tener herramientas para tener celeridad en la resolución de los casos de violencia institucional”. Y en el mismo sentido señaló que “queremos que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos, no se lo mire al Estado, que podamos mirar al individuo que comete hechos y generar las herramientas para que cuando haya violencia institucional, sea un individuo el que viole, y no el Estado argentino”.

Al hacer referencia específicamente al caso de la desaparición de Facundo Astudillo, lamentó que no se hubiera podido actuar rápidamente. “Sabemos que la primera denuncia llega los primeros días de junio, y era por búsqueda de paradero; no había ninguna asociación de desaparición forzada”, comentó, agregando que recién el 8 de junio llegó la primera denuncia por desaparición forzada. “Ahí nos pusimos en contacto y a disposición”, señaló.

Destacó el “compromiso muy grande” en esa causa, aunque reconoció como “muy limitada nuestra participación en la investigación”, y contó que hicieron una presentación al juzgado por la información que se filtraba a los medios desde el juzgado de Bahía Blanca.

Fue a continuación cuando Pietragalla modificó su postura contemporizadora, aunque sin variar el tono, al deslizar que “jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a su víctima; no vamos a revictimizar a las víctimas; a mandar a los servicios a escuchar a las víctimas; a decir que Facundo está en una ciudad, o en otra…”.

“¡Cortala, Pietragalla!”, le gritaron diputados de la oposición, y sin alterarse el funcionario señaló que “no hay que ser especuladores”.

Para concluir, remarcó la preocupación del gobernador Axel Kicillof, quien se comunicó con la familia de Facundo, lo mismo que el presidente Alberto Fernández, y hasta el de la vicepresidenta de la Nación. “Cristina Fernández de Kirchner todo el tiempo me está llamando para ver cómo está la madre, cómo está la investigación”, reveló.

“Nosotros tenemos una sensibilidad con este tema que siempre tuvimos cuando éramos opositores y hoy que somos oficialistas. Queremos sanción, no queremos un Estado que sea acusado de violar los derechos humanos, sí queremos demostrar que hay miembros de las fuerzas de seguridad que los violan”, concluyó.