Lo del viernes fue como esos días de elección, donde ningún candidato quiere hablar primero. Tiene sentido, pues la relación Fernández-Larreta ya es analizada en las altas esferas en clave electoral. El tono entre ambos comenzó a agrietarse. Los caminos de una reforma judicial que se concibe no solo a través de proyectos.
Por José Angel Di Mauro
“Dejemos de hablar del pasado. Por cada vez que se menciona el pasado volvemos a cavar un poco más de grieta. Así que olvidemos del pasado y empecemos a mirar para adelante”, le dijo Alberto Fernández a Viviana Canosa hace poco más de un año. Ya había ganado las PASO, y repitió esa frase con aires de consigna en sucesivos reportajes de esos días. Prometió que si ganaba no hablaría de “la herencia”, ni perdería “un minuto en echarle la culpa a nadie”. Puede encontrarse también en internet un spot de campaña en el que afirma que “mirando hacia atrás no vamos a resolver los problemas de nuestro país. La experiencia me enseñó a mirar hacia el futuro y dejar atrás las peleas que no traen ninguna solución a los argentinos”.
Mediático como siempre fue, no debe sorprender que sigan apareciendo videos que exponen sus contradicciones. Tiene sentido, durante una década estuvo peleado con quien hoy es su vicepresidenta. Ahora empiezan a surgir videos más actuales, como cuando le pidió a la gente que si creía que se desviaba, saliera a las calles. O estas expresiones que se dan de bruces con esta semana vivida a pura grieta.
Arrancó el domingo embistiendo deliberadamente contra su antecesor, ya no solamente por la herencia que le dejó -con una curiosa comparación con el coronavirus-, sino también por comentarios dichos en privado, en los que supuestamente Mauricio Macri le sugirió evitar la cuarentena “y que se mueran los que se tengan que morir”. Inverificable, pero un mal antecedente para Fernández: lo que hablan dos presidentes se supone que debe quedar en la intimidad. Quizá Alberto se vio influenciado por su vice, cuyo diálogos con Macri sobre el traspaso fallido pueden leerse en “Sinceramente”.
¿Habrá sentido algún escozor Martín Lousteau, que el viernes 14 visitó al presidente en Olivos?
Todos los analistas coinciden en que la clara intención de Alberto Fernández por zarandear a Macri de esa forma fue forzarlo a subir al ring. La imagen del hoy funcionario de la FIFA está en el subsuelo y en el entorno presidencial estiman que en este momento tan especial le sirve confrontar con Macri.
El presidente se endurece porque la oposición lo ha hecho antes, argumentan desde el albertismo. Aunque no se alterarían si ese endurecimiento opositor fuera inocuo. La movilización de hace dos semanas inquietó por su masividad y los escollos que viene poniéndole en el Congreso han molestado sobremanera al mandatario. Está fastidiado por el freno que impone a determinados temas no contar con los dos tercios en el Senado, y porque la reforma judicial parece haber quedado congelada en Diputados. Para esta altura del año el oficialismo esperaba contar con una oposición más fragmentada, pero las circunstancias terminaron amalgamándola.
Todos los analistas coinciden en que la clara intención de Alberto Fernández por zarandear a Macri de esa forma fue forzarlo a subir al ring.
Mientras tanto Cristina Kirchner se siente “mejor que nunca”, tal cual le confió a Esteban Bullrich en esa suerte de paso de comedia del principio de la sesión del jueves. Y un día antes estableció para propios y extraños que el proyecto que iban a tratar no es en absoluto una reforma judicial. Atentos, los legisladores que le responden adecuaron entonces sus discursos. Semánticamente tiene razón Cristina: desde el título, el proyecto del Ejecutivo circunscribe todo a la Justicia Federal. La reforma judicial que ella impulsó en 2013 -y la propia Justicia frenó- era mucho más ambiciosa. La senadora María de los Angeles Sacnun interpretó bien a su mentora cuando en su discurso como miembro informante aclaró que esa era “una primera ley y seguramente requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”.
Habrá que interpretar que esa reforma incluye lo que está preparando el consejo asesor creado por el presidente -la irónicamente denominada “Comisión Berardi”-, y que para fin de año le entregará los resultados de su trabajo, que incluirán la recomendación de una modificación de la Corte Suprema, nada menos.
Pero la reforma judicial en ciernes avanza también por otras vías, ya no en forma de proyectos, mas sí con la fuerza de la mayoría que el oficialismo ostenta en el Senado, donde manda Cristina. Se define semana a semana con las reuniones de la Bicameral de Control del Ministerio Público donde se ventilan causas abiertas contra el procurador interino, Eduardo Casal, al que el kirchnerismo se ha comprometido a desplazar. Con todo, ese camino solo sirve para desgastar al funcionario judicial, mas está claro que no tendrán los dos tercios que demandaría un juicio político. Sí en cambio avanzaron el jueves -justo antes del inicio del debate por la reforma judicial- con el deslazamiento de dos miembros de Cambiemos en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, donde buscarán suspender al procurador. Solo les falta un voto para ese objetivo.
La reforma política oficial, esa que CFK dice que no es tal, llegó a Diputados, donde hoy por hoy el oficialismo no tiene los votos. Por ahora. Tiene lo que resta del año y el próximo para ablandar resistencias, aunque debe apurarse pues difícilmente prospere una movida en ese sentido cuando arranque la carrera electoral. El Gobierno tiene recursos, como demostró justo antes de votar el proyecto, cuando la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales dedicó 14 minutos a leer la extensa serie de cambios que a lo largo de la última semana -desde la firma del dictamen hasta la llegada del proyecto al recinto- el Gobierno acordó con los gobernadores. ¿De qué otra manera se debe interpretar que la mayoría de los cambios tuvieran que ver con nuevos juzgados en distintas provincias; esto es, 1387 cargos más? O el cambio de la “enmienda Parrilli” -no la supresión-, anunciada por su propio mentor como una suerte de concesión para ablandar espíritus en Diputados.
El Gobierno confía que en el marco del inminente debate del proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA, que incluye la renegociación de deudas provinciales, se limen las resistencias necesarias, o bien cuando se discuta el Presupuesto 2021.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales dedicó 14 minutos a leer la extensa serie de cambios que a lo largo de la última semana -desde la firma del dictamen hasta la llegada del proyecto al recinto- el Gobierno acordó con los gobernadores.
Será en una Cámara de Diputados donde el clima se ha enrarecido. Allí la búsqueda de consensos tuvo el vuelo que no existe en el Senado, donde su presidenta no la quiere y el oficialismo no la necesita; en Diputados es distinto, bien lo sabe Sergio Massa, que debe hacer un trabajo fino para conseguir los votos para las leyes que pide el gobierno. Pero allí no sesionan desde hace un mes, porque Juntos por el Cambio se le ha parado de manos a Massa, bajo la excusa de que el protocolo para sesionar de manera remota está vencido.
Hace dos semanas que los jefes de JxC esperan ser convocados para acordar cómo seguir, pero Massa no los llama porque sabe que condicionarán sesionar a que solo sea por temas consensuados, y el Ejecutivo le pide más. El viernes el presidente de la Cámara sorprendió convocando a sesionar este martes, sobre temas que no generan rispideces, más bien todo lo contrario, sobre todo la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística nacional, que ya tiene media sanción del Senado. Los jefes de Juntos por el Cambio le mandaron a Massa una carta recordándole que el protocolo está vencido y que si no se acuerda otro, la sesión deberá ser “presencial”, con otro protocolo sanitario.
Con todo, Massa sabe que dentro de Juntos por el Cambio hay quienes quieren sesionar igual porque en sus provincias les reclaman una ley para el turismo ya, y además el Frente de Todos puede alcanzar el quórum sin la principal oposición. Todo un dilema para Mario Negri, Cristian Ritondo y Maxi Ferraro si deciden estirar la cuerda, pero también para Massa, que no quisiera ir al choque.
Mientras tanto, la cuarentena -o como quieran llamarla- se extendió hasta el 20 de septiembre, comunicándose de una manera inédita. Ya no hubo conferencia de prensa conjunta, para beneplácito de los duros de ambos lados de la grieta: los de Cambiemos, que renegaban de la “buena onda” entre “Horacio y Alberto”, y los del kirchnerismo, que como ya hemos dicho le reprochaban al presidente darle cada 15 días semejante nivel de exposición a quien posiblemente será el principal rival en 2023.
Está claro que el Gobierno tomó nota. Por el discurso que el viernes hizo el presidente desde Santa Fe, criticando especialmente a la Ciudad de Buenos Aires. Como hizo Cristina a los 3 días de asumir este gobierno, Alberto habló ahora de una ciudad “tan opulenta, tan bella, tan desigual e injusta con el resto del país”. Se viene el postergado recorte en la coparticipación.
Hay más detalles reveladores. Cuando el viernes el oficialismo presentó finalmente el impuesto a las grandes fortunas, nominó a 13 diputados como voceros del proyecto, y les dio un instructivo para defenderlo públicamente. En el mismo se hace hincapié en la herencia recibida, o más especialmente a una “actividad económica deprimida”. Y en ese marco se remarca que “la gestión de Macri, Rodríguez Larreta y Vidal dejó 8 trimestres de caída interanual del PBI de 3,4% en promedio”. El “amigo” Horacio puesto deliberadamente en la línea de fuego, en clave electoral.
