A través de un comunicado, la Coalición Cívica anunció que realizará una presentación ante la Justicia para “denunciar la remoción encubierta de los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi”. “Lo que sucede hoy en la Argentina es una provocación inusitada”, sostuvieron los dirigentes.

El partido de Elisa Carrió, quien difundió el texto en sus redes sociales, expresó: “No vamos a contestar a la violencia institucional, sólo lo haremos con actos ajustados al estado de derecho como esta presentación y las que venimos haciendo en sede judicial. Allí y en otros organismos los diputados de la Coalición Cívica estamos informando cada apartamiento del orden institucional y constitucional que se provoca en nuestro país”.

“Hay que defender al Poder Judicial porque está en riesgo su independencia y, en definitiva, el estado de derecho. Esta defensa se hace desde la no violencia, por eso hacemos un llamado a la paz y no queremos la radicalización porque le es funcional al poder y a la vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner)”, aseguraron.

Además, repasaron que “un día después de que el Senado sesionara, el presidente de la Nación, arrogándose facultades judiciales, dictó decretos para remover a los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi. En consecuencia, concluyó la maniobra manifiestamente ilegal de desplazamiento de dichos magistrados desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional, la vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores pertenecientes al partido de Gobierno”.

“Solicitamos que también se evalúe la conducta del presidente de la Nación por la violación del artículo 109 de la Constitución Nacional. Alberto Fernández no puede desconocer que el presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales y lo hizo”, argumentaron y agregaron que “los traslados de los jueces, por ser un acto jurídico complejo, sólo pueden ser revisados por la Justicia”.

Finalmente, desde la CC-ARI dijeron que “es de público conocimiento que el tema está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a instancia de los magistrados que han sido removidos. Es evidente que el apuro de la vicepresidenta, y ahora del presidente de la Nación, obedece a consumar un acto adjudicándose facultades judiciales, antes de que resuelva el tribunal supremo. Esperamos que la Corte reaccione, restituya el Estado de Derecho y traiga la paz y cordura”.