La Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, que preside la santacruceña María Belén Tapia (UCR), dictaminó este martes un conjunto de proyectos. Entre ellos, los senadores avalaron una iniciativa que instituye el 4 de enero de cada año como el Día Nacional del Braille, en adhesión al Día Mundial del Braille.

“El proyecto es muy simple pero creo que de mucha relevancia”, expresó su autor, el jujeño Mario Fiad (UCR), quien aseguró que se busca “crear mayor conciencia sobre la importancia que tiene el braille como medio de comunicación; y para que tenga una plena realización los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, que en nuestro país son alrededor de 900 mil personas”.

También se pasó a la firma un proyecto que dispone la creación del “Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes”, de entre 11 y 17 años, en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Su impulsora, la pampeana Norma Durango (FdT), recordó que había sido votado en la Cámara alta pero se cayó en Diputados.

“Todos hablamos de los problemas que aquejan a la niñez, sin embargo ellos no tienen lugares para expresarse públicamente”, señaló la legisladora y consideró que es necesario que “desde su visión pueden hacer sus aportes, dar su mirada e informarnos realmente de lo que está pasando”.

Asimismo, resaltó que en la provincia de La Pampa este Foro “ya funciona muy bien, porque los niños son escuchados y muchas de las políticas que se llevan adelante en el Ministerio de Desarrollo Social tienen que ver con las cosas que ellos y ellas proponen”.

Otra de las iniciativas que se aprobó es la que establece la adopción del símbolo de accesibilidad universal, presentado por la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT), quien explicó que “hasta ahora en nuestro país este símbolo está reducido a una persona en silla de ruedas, pero las personas con discapacidades motoras representan el 10% del total de las discapacidades”.

Y detalló que “el departamento gráfico de Naciones Unidas hace años atrás, por la demanda de organismos internacionales” diseñó un nuevo modelo “que está aprobado en la mayoría de los países del mundo”.

Además, se despachó un proyecto referido a la obligación de los proveedores del Estado de declarar y mantener actualizada la información de la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean. “Es para que el Estado arbitre los medios para realizar el control pos licitación, para que realmente se cumpla el cupo laboral”, resumió la jujeña Silvia Giacoppo (UCR).

Pasó a la firma también un proyecto del sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) sobre la incorporación en los ascensores de organismos públicos de señalización en sistema braille y parlante; y otro de la catamarqueña Inés Blas (FdT), para disponer acciones en materia de difusión y concientización del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, establecido en la Ley 25.415.

El temario de los proyectos de ley aprobados se completó con uno presentado por el salteño Juan Carlos Romero (Parlamentario Federal), que indica que en tiempos de pandemia, todo personal, del ámbito público y privado, que trabaja de cara al público e interactúe con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas, deberá utilizar máscaras o barbijos transparente, a efectos de que se puedan leer los labios o ver la expresión facial de las personas con la que están comunicándose.

La comisión, además, avaló un paquete de pedidos de informes al Poder Ejecutivo y proyectos de declaración.