Desde la entidad expresaron su “preocupación” y enfatizaron que las modificaciones a la norma “requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional volvió a expresar su “profunda preocupación ante proyectos legislativos que intentan modificar las Leyes Orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación”.
“En esta oportunidad se propone establecer mayorías simples para la designación y remoción de sus titulares, limitar la duración de su mandato y alterar el funcionamiento de ambos Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes, entre otras cuestiones”, señalaron mediante un comunicado.
Desde la entidad que conduce Marcelo Gallo Tagle, se resaltó que “las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 C.N., y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”.
“Tanto el dictado de aquellas, como su modificación, requieren consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto, que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”, agrega el texto, en alusión a la mayoría que el Frente de Todos posee en el Senado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios consideró: “Esto nos obliga a reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona”.
“Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, continúa el comunicado.
Además, expresa que “en este sentido, las leyes Nº 24.946 en su momento, y hoy las Nº 27.148 y Nº 27149, dictadas en junio de 2015, adquieren respecto de los elementos estructurales de ambos Ministerios Públicos el carácter de piso consolidado que no puede ser vulnerado por una normativa regresiva posterior”.
“Por lo expuesto, desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, concluyeron.
