Con 36 votos afirmativos, el Parlamento aprobó la iniciativa que busca evitar que quienes tengan condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así el proyecto vuelve a la Cámara baja en segunda revisión.
Con 36 votos afirmativos, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el proyecto de Ficha Limpia, que apunta a evitar que quienes tengan una condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así la iniciativa vuelve a la Cámara baja en segunda revisión.
La propuesta viene analizándose hace varias semanas luego de que Diputados la aprobara a mediados de septiembre. Fue la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) quien emitió dos despachos, uno en mayoría y otro en minoría, y se acordó en conjunto con la oposición, la incorporación de otros delitos para darle mayor amplitud a los condicionantes. Así fue que estos despachos llegaron al recinto de sesiones para darle aprobación.
El proyecto fue impulsado por los diputados María José Sanz y José Orts, e introduce modificaciones a la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Además, se incorporó al articulado el texto de otra iniciativa promovida por el diputado del Pro Gustavo Cairo, que modifica a Ley de Ética Pública.
La iniciativa busca frenar a quienes estén condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, para que puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas. De esta manera, Mendoza se encamina a ser la primera provincia del país, en contar con una ley de esta naturaleza.
Así, se incorporan nuevos delitos que impedirían la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2.551 –Ley Electoral de la provincia – estableciendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales en violación a lo establecido por la normativa en estudio.
En tanto, el proyecto elaborado por el representante del Pro Gustavo Cairo establece que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.
