La Cámara alta mendocina aprobó el proyecto de Ficha Limpia

Con 36 votos afirmativos, el Parlamento aprobó la iniciativa que busca evitar que quienes tengan condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así el proyecto vuelve a la Cámara baja en segunda revisión.

El recinto de la Cámara alta de Mendoza.

Con 36 votos afirmativos, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó el proyecto de Ficha Limpia, que apunta a evitar que quienes tengan una condena en primera instancia puedan acceder a cargos electivos. Así la iniciativa vuelve a la Cámara baja en segunda revisión. 

La propuesta viene analizándose hace varias semanas luego de que Diputados la aprobara a mediados de septiembre. Fue la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) quien emitió dos despachos, uno en mayoría y otro en minoría, y se acordó en conjunto con la oposición, la incorporación de otros delitos para darle mayor amplitud a los condicionantes. Así fue que estos despachos llegaron al recinto de sesiones para darle aprobación. 

El proyecto fue impulsado por los diputados María José Sanz y José Orts, e introduce modificaciones a la Ley 4746, Orgánica de Partidos Políticos. Además, se incorporó al articulado el texto de otra iniciativa promovida por el diputado del Pro Gustavo Cairo, que modifica a Ley de Ética Pública. 

La iniciativa busca frenar a quienes estén condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, para que puedan ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas.  De esta manera, Mendoza se encamina a ser la primera provincia del país, en contar con una ley de esta naturaleza. 

Así, se incorporan nuevos delitos que impedirían la postulación a un cargo electivo y se agrega el artículo 17 bis a la Ley 2.551 –Ley Electoral de la provincia – estableciendo que los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales y municipales en violación a lo establecido por la normativa en estudio. 

En tanto, el proyecto elaborado por el representante del Pro Gustavo Cairo establece que los funcionarios de los Poderes Ejecutivos provincial y municipales y los funcionarios de entes descentralizados y empresas del Estado, deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.

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