La Ciudad discriminada

Por Juan Francisco Nosiglia. El legislador porteño de UCR-Evolución analizó el avance en el Congreso del proyecto que busca reducir los recursos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que el objetivo es “castigar al distrito capitalino dándole un trato diferente al resto de las provincias”.

La Cámara de Diputados concretó ayer la decisión del Presidente Fernández de reducir la coparticipación de la Ciudad llevándola de 3,5% al 1,4%, obviando la transferencia de la policía, las competencias de seguridad de 2016 y los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para determinarlo. El texto fue modificado y volverá al Senado para su sanción definitiva.

La decisión del Gobierno es inconstitucional en sus formas y en su contenido, porque no puede reducir la coparticipación a un distrito de manera unilateral sin un convenio entre las partes. Así sucedió con la Ciudad desde la reforma del 94. De igual modo, la quita de las de transferencias automáticas para financiar el traspaso de las competencias de seguridad discrimina a la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el resto de las provincias que no reciben el mismo trato. Es un incumplimiento flagrante del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Al contrario de lo que se argumenta desde el oficialismo, la decisión constituye un ataque al régimen federal dado que violenta la autonomía provincial y no representa más recursos para el resto de las provincias sino que concentra más dinero en la Nación. La quita de recursos a la Ciudad implica un recorte a la educación, a la salud, a la vivienda y a la seguridad. Esta decisión perjudica no sólo a los porteños, también a millones de personas que trabajan, estudian y transitan en la Ciudad de Buenos Aires.

La discriminación atenta contra la posibilidad de que la Ciudad planifique sus gastos e inversiones en un contexto extraordinario de crisis como el que atravesamos. Arbitrariamente, se están violando los principios más elementales del federalismo. Con esta ley, la quita alcanza los 65.000 millones de pesos: más de la mitad de la inversión en educación que la Ciudad prevé para 2021.

Los argumentos son insólitos, y lo cierto es que, en términos fiscales, la Ciudad es la ante última en la lista de recursos percibidos per cápita, y última en el listado de la relación de coparticipación recibida sobre el aporte al producto nacional.

El objetivo del oficialismo es claro: castigar a la Ciudad de Buenos Aires dándole un trato diferente al resto de las provincias. Es un antecedente preocupante para el sistema federal en particular y para la política en general. Considerando los comentarios de algunos dirigentes del Frente de Todos, da la impresión que tienen la pretensión de retroceder en materia de autonomía luego de los importantes avances que se lograron con la reforma constitucional de 1994.

Sin dudas, pareciera que algunos quieren que la Ciudad vuelva a ser un Municipio dependiente de la Nación, que el Presidente elija su intendente y que mendigue ante el poder central todos los recursos que le corresponden para la seguridad. La ley aprobada ayer es un avasallamiento a la autonomía, al federalismo y el intento de someter a un distrito adverso políticamente.

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