El Poder Ejecutivo derogó este viernes el DNU 70/17, del expresidente Mauricio Macri, por el cual se habían modificado varios artículos de la Ley de Migraciones (25.871) y que, entre los puntos principales, prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales.

Mediante el DNU 138/21, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dejó sin efecto los cambios que se habían impulsado hace cuatro años atrás y que generaron polémica durante su tratamiento en el Congreso.

Fue en el ámbito de la Bicameral de Trámite Legislativo, donde el otrora oficialismo (Cambiemos) dio por sentada la validez del decreto, que contó con el rechazo de la oposición de ese momento (Frente para la Victoria), además de organizaciones de derechos humanos e inmigrantes.

A través del nuevo decreto, el Poder Ejecutivo restituyó la norma anterior, al tiempo que estableció la creación, bajo la órbita de la Dirección General de Migraciones, de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones”.

Además, se facultó al Ministerio del Interior “a designar los o las integrantes de la Comisión Asesora de Política Migratoria”, quienes “desarrollarán sus funciones con carácter ‘ad honorem'”.

En los argumentos del DNU, el Gobierno señaló que “se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto (70/17) que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias. Todo ello, sin evidenciar mejoras ponderables en otros aspectos”.

Además, se agregó que desde la entrada en vigencia del DNU aplicado por la gestión anterior, “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.