Así lo planteó en función de lo que definió como “irregularidades” en torno al préstamo del FMI otorgado en “condiciones que nada tienen de convencional”.
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos enumeró una a una las irregularidades que a su juicio “se verificaron” en el préstamo por U$S 57.100 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la administración de Mauricio Macri en 2018, y consideró que “tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar. Esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales: recuperar la actividad económica y el empleo, mejorar la situación de los salarios y resolver la situación de desigualdad”.
Vallejos no se quedó con el enunciado y consideró que “puede haber una quita y una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, no hay motivos para pensar que tenga que haber convencionalidad a la hora de resolver eso que claramente estaba mal dado”.
En este sentido, Vallejos advirtió que “Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal”.
El crédito que tomó el Gobierno de la alianza Cambiemos por U$S57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones) fue el mayor de la historia otorgado por el organismo financiero. Se concretó en el marco de la crisis financiera que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri y el desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.
Ahora, el gobierno de Alberto Fernández mantiene las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI que permita refinanciar la devolución del crédito que tomó Macri. Además, Fernández adelantó el 1° de marzo último, en el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que el Gobierno iniciará una querella criminal “a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, explicó minuciosamente cómo el acuerdo con el FMI infringió leyes y normativas que regulan la contratación de la deuda pública en la Argentina.
Al enumerar las supuestas irregularidades, Vallejos señaló que el Gobierno de Macri firmó la Carta de Intención “sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión. El expediente se abrió el 21 de junio de 2018, 9 días después, lo que torna inválido el procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”.
“Tampoco hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, otro elemento que vuelve inválido el acto administrativo, según el artículo 7, inciso d, de la ley de Procedimientos Administrativos”, agregó, ni tampoco dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito que Vallejos considera “fundamental” para contratar deuda externa, tal como lo prescriben los artículos 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156. De hecho, para el momento en el que se decidió el crédito, “el Balance de Pagos estaba en rojo, algo que no podía ser omitido por los ex funcionarios”, afirmó la diputada kirchnerista.
Agregó Vallejos que “no se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA. Amén de que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo sin autorización del Presidente, tal como estipula el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional”.
Por otra parte, Vallejos afirmó que “no se conoce ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica, que den sustento a los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula, de acuerdo con los artículos 7, inciso b, y 14 de la ley de Procedimientos Administrativos”.
“Tampoco hay constancia de haberse suscripto el acuerdo, ni del acto de aprobación por parte del FMI, a pesar que la Carta dice que los memorandos ‘deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by´”, añadió la diputada por la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, la legisladora recordó que “los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario incumplieron los procedimientos establecidos en las leyes que regulan la constitución de deuda pública externa, y violaron las obligaciones asumidas con el FMI”.
Siguiendo el mismo razonamiento, Vallejos señaló que Macri podría ir preso si la Justicia avanza y ratifica las mencionadas irregularidades. “La administración fraudulenta es un delito penal tipificado en el Código Penal y por supuesto tiene una pena de privación de la libertad”, subrayó la legisladora oficialista.
Al respecto, Vallejos puntualizó que tanto la ley de Responsabilidad del Estado como la Ley de Administración Financiera “determinan la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que tomen decisiones contrarias a las estipulaciones legales”.
