Los diputados Jimena Latorre y Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) solicitaron este jueves al Poder Ejecutivo Nacional que extienda por dos años el plazo para que los comercios adquieran los controladores fiscales de “nueva tecnología”.

Según lo establecido en la Resolución de AFIP N° 4444/2019, artículo 6 punto 4, el cambio obligatorio de los equipos clasificados como de “vieja tecnología” debe realizarse a partir del 1° de abril de 2021. El valor promedio de un controlador fiscal con las características que se requiere asciende a $ 75 mil más su correspondiente homologación.

“La crisis económica que atraviesa el país impacta directamente sobre el sector privado. Los comercios pequeños y medianos que han logrado subsistir este último año sufren la caída de las ventas y en muchos casos han adquirido deudas para cumplir con sus obligaciones. El Gobierno debe contemplar la gravedad de la situación y tomar medidas para evitar la asfixia  del sector y el quiebre definitivo de los que aún quedan en pie”, afirmó Latorre.

Zamarbide expresó que “por supuesto que estamos a favor de las tecnologías que permiten un mejor control para evitar la competencia desleal, pero no es momento para exigirle a los comerciantes un gasto tan significativo. Se contactaron con nosotros desde la Cámara de Comercio de San Rafael y sabemos la opinión de muchas entidades que nuclean a comerciantes de todo el país. Así es que en virtud de la crisis económica generada por la cuarentena que impuso el gobierno creando un desastre, creemos que esto debe prorrogarse”.

Entre los fundamentos del proyecto de resolución se incluyen los datos informados por el INDEC en febrero del corriente, el 2020 finalizó con un desplome de la actividad económica de 10%, el retroceso más pronunciado desde la crisis de finales de 2001, cuando la caída osciló el 11%.  De acuerdo con Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que refleja la evolución mensual de la actividad del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional, en diciembre de 2020 se midió una contracción interanual de 2,2%, en línea con lo sucedido en los meses previos.

En ese escenario y luego de un 2020 marcado por una cuarentena extensa que paralizó la actividad económica, las consecuencias golpean fuertemente al sistema productivo, industrial y comercial. Con un saldo de más de cuatro millones de pérdidas de puestos de trabajo, el sector comercial ha sido de los más perjudicados, lamentando a la fecha el cierre irreversible de miles de comercios en todo el territorio de nuestra República.

En 2020 se votó en el Congreso una Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”, en este contexto de doble emergencia, sanitaria y económico financiera, resulta necesario incorporar nuevas herramientas que permitan paliar esta difícil situación que genera el impacto del COVID-19, en el sector privado que debe hacer un gran esfuerzo para sostener los puestos de trabajo a pesar de la paralización o semiparalización de las distintas actividades.

Según un relevamiento llevado a cabo por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), no todo el sector comercial ha vuelto a la actividad: el 67,8% de las empresas se encuentra completamente operativa, el 26,3% está parcialmente operativa y 5,8% permanece sin operaciones. 

Según la encuesta, realizada entre el pasado 22 de febrero y 2 de marzo en empresas de comercio mayorista y minorista de todo el país, para 21,1% las ventas cayeron más de 50%, un 19,3% consideró que las ventas cayeron entre 26% y 50% y un 18,7% que las ventas cayeron entre 1% y 25% respecto de la situación previa a la pandemia en el primer bimestre de 2020.  Además, el 50,3% de los encuestados manifestó encontrarse atrasado en el pago de impuestos, un 33,4% adeuda servicios y 26,3% está demorado en el pago de salarios.

“Aplicando los mismos criterios que llevaron al Poder Ejecutivo Nacional a reducir y/o suspender aportes y contribuciones en algunas actividades particularmente afectadas por la emergencia sanitaria, con el consecuente impacto fiscal, entendemos necesario y oportuno que se extienda el plazo para la reconversión a la Nueva Tecnología exigida por la AFIP” afirman los mendocinos y concluyen “no se discute la necesidad y conveniencia de su implementación sino que no resulta oportuno obligar a los comercios a afrontar un gasto a poco de haber reanudado paulatinamente sus actividades y en un contexto macroeconómico de recesión”.