La autora del proyecto, la diputada nacional del FdT Gisela Marziotta, advirtió que, sólo en febrero del 2021, el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad.
La diputada nacional Gisela Marziotta presentó un proyecto de ley para suspender preventivamente del ejercicio del derecho de portación, tenencia, transporte y uso del arma de dotación a los efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad que sean denunciados por violencia de género o intrafamiliar, con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y mental de las personas denunciantes.
Según datos del Observatorio de la Organización Mujeres de la Matria Latinoamericana sólo en febrero del 2021 el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad (un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero -12%). “Los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad no sólo son parte de una cultura institucional marcadamente patriarcal y propensa a la violencia, sino que su posición como agentes del aparato represivo pone a las víctimas en un lugar de especial vulnerabilidad”, fundamentó la diputada Marziotta.
“Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías. La portación de arma reglamentaria las 24 horas -amparada en el llamado ‘estado policial’- pone en riesgo a las mujeres y otras personas que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista o intrafamiliar, el arma puede ser utilizada para hostigar, amenazar, herir o matar”.
El efectivo denunciado o imputado debería así retirar el arma de dotación al comenzar la jornada de trabajo en la dependencia a la que se encuentre adscrito y entregarla al terminar la jornada de trabajo.
En los casos en que la denuncia sea por abuso sexual o tentativa, lesiones graves, intento de femicidio o casos de reincidencia se requerirá la suspensión total del derecho a la portación de arma.
