Ante los incendios en La Patagonia, la diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) exigió al Gobierno nacional que “destine de manera urgente recursos y fondos” tanto para contener los focos activos como para asistir a los damnificados por las enormes pérdidas materiales. También pidió avanzar en la regulación de los delitos ambientales en el Código Penal, al considerarlo “una deuda del Congreso de la Nación”.

“Si tuviéramos una Justicia especializada en materia ambiental no haría falta que el ministro de Ambiente anuncie que va a presentar una denuncia penal por incendios intencionales, sino que la Justicia actuaría de oficio. Es necesario tipificar figuras penales y contar con recursos judiciales especializados que den respuestas firmes ante estos lamentables hechos”, destacó Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

En este sentido, insistió en que “en nuestro país no existen figuras lo suficientemente claras en el Código Penal que consideren delitos a muchas de las acciones que estamos viendo hoy en el sur de la Argentina”. También remarcó la urgencia de avanzar con las propuestas presentadas en el Congreso que recuperan el anteproyecto de reforma del Código Penal y buscan crear un capítulo completo de delitos ambientales.

“Nuestro país tiene una gran dispersión en legislación ambiental y las sanciones administrativas previstas no son suficientes para alentar su cumplimiento. Por eso en octubre presentamos un proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente, recuperando gran parte el proceso de reforma del Código Penal iniciado en 2017, con el objetivo de contar con una legislación penal sistematizada y coherente que brinde respuesta a las reiteradas afectaciones -intencionales o negligentes- a los bienes colectivos que conforman el ambiente”, señaló.

La diputada radical, que a fines de 2020 denunció públicamente en el Congreso el intento de recorte a la mitad los fondos destinados a combatir los incendios, presentó en febrero pasado un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre la “disponibilidad total de recursos” del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y las acciones impulsadas por el Ministerio de Ambiente para evaluar las áreas afectadas tras las recientes modificaciones introducidas en la Ley de Manejo del Fuego por iniciativa del diputado Máximo Kirchner.

En este contexto, volvió a advertir sobre la “catástrofe ambiental” que representan estos gravísimos incendios que se replican en distintos puntos del país y afectan ecosistemas estratégicos. De hecho, desde el arranque de 2021 y hasta el 20 de febrero último la superficie afectada en el país por el fuego se calcula oficialmente en 40.680 hectáreas, a lo que deben sumarse ahora los gravísimos focos de Chubut y Río Negro.

“Decían que los cambios en la ley de Manejo del Fuego eran necesarios para frenar los incendios intencionales y especulativos. Nosotros advertimos que, además de ser regresivos en materia ambiental y resultar difícilmente aplicables, no prevenían incendios, sino que apuntaban a legislar sobre las cenizas. Los lamentables incendios que continuaron a pocos días de esta supuesta ‘solución legal’, dan cuenta de ello”, remarcó Austin.

Y agregó: “Tenemos ya muchas leyes testimoniales en este país en materia ambiental, lo que necesitamos es que se cumplan. Para ello debemos trabajar en la prevención, el control, la disposición de recursos con un piso mínimo de inversión en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la creación de una Justicia especializada en materia ambiental y la introducción en el Código Penal de un capítulo específico para delitos ambientales”.