En medio del debate sobre modificaciones al impuesto a las Ganancias, el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto presentó un proyecto de ley para que todos los jueces estén alcanzados por el tributo, y no solamente aquellos que fueron designados a partir de 2017.

El oficialista explicó que actualmente la ley “establece que sólo pagan los designados desde 2017, y sobre una parte de sus haberes”. “Es hora de eliminar este privilegio para el Poder Judicial”, consideró.

Por eso, el entrerriano reclamó que “se debe establecer el pago del impuesto a las Ganancias para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, sin ningún tipo de privilegios frente al común de los ciudadanos”.

“Que los jueces paguen a un impuesto general es meramente reconocer que ellos son también ciudadanos y que su particular función en el gobierno no genera inmunidad para compartir con el resto de los ciudadanos la carga tributaria. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y los legisladores ya pagan Ganancias”, resaltó en su cuenta de Twitter.

El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados propone sustituir los incisos “a” y “c” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado Decreto 824/2019.

De esta manera, la nueva redacción del inciso “a” establecería que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes “del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones“.

Además, el inciso “c” aclararía: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, aunque no hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas”.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador recordó que luego de la sanción de la Ley 27.346 en 2016, “la Asociación de Magistrados presentó una medida cautelar contra la norma, criterio que fue aceptado en dos instancias. Pero en noviembre de 2018 la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar esa cautelar que establecía la no retención de Ganancias a los designados a partir de 2017. Por lo expuesto, se estableció que podía retenerse Ganancias a esos jueces, pero sin expedirse sobre la cuestión de fondo, que todavía se encuentra pendiente por parte de la Corte”.

Casaretto agregó que en febrero de 2019 “se aprobó un protocolo acordado por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación”, el cual establece que “se considerarán deducibles de Ganancias los rubros nominados como ‘compensación jerárquica’, ‘compensación funcional’, ‘bonificación título’, ‘bonificación por antigüedad’, ‘permanencia en la categoría’, por lo que en ningún caso se realizan retenciones por esos conceptos”.

“Desde la década de 1930 y hasta 1996, ante cualquier intento de que jueces paguen Ganancias, rápidamente se emitía una Acordada de ese Tribunal declarando la inaplicabilidad de esas leyes. Eso no ocurrió en 2016 cuando se sanciona la Ley 27.346. Y en noviembre de 2018 la Corte revocó la cautelar que impedía el descuento de Ganancias. Y desde enero de 2019 se aplica el protocolo del Consejo de la Magistratura, practicando los descuentos, lo que no mereció objeciones de la Corte. A esta altura de los acontecimientos está claro que paguen el impuesto a las Ganancias no lesiona la Constitución Nacional, y no limita la independencia del Poder Judicial, la inmovilidad en el cargo de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones”, resumió el diputado.

Y añadió que “en la actualidad resulta insostenible continuar defendiendo la postura de la exención impositiva para los integrantes del Poder Judicial. Los principios de igualdad frente a los impuestos y fundamentalmente de generalidad tributaria crean una limitación a la justificación pretendida”.