Diputados de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara baja se abocaron este lunes a la discusión del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que cuenta con media sanción del Senado.

Tras cuatro jornadas con invitados de todos los sectores, los legisladores arrancaron con la discusión de la letra chica de la iniciativa. A lo largo de las intervenciones, hubo un respaldo mayoritario al texto y algunos pedidos de incorporaciones.

Al comienzo del encuentro, la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau, afirmó que este es un tema “trascendental y muy importante para todos los argentinos”, por eso “necesita de la búsqueda de consensos y de debate”. “El dictamen no va a ocurrir de manera sorpresiva ni de manera impuesta por ningún espacio”, resaltó, al tiempo que dijo que es un tema que “atraviesa a los bloques”.

Además, informó que se tendrán a la vista otro cuatro proyectos, que tienen giro a las cuatro comisiones competentes -de los diputados Julio Ferreyra, Francisco Sánchez, Graciela Camaño y Gisela Scaglia-, pero en realidad existen otras 19 iniciativas sobre la misma temática, algunos de ellos reclamados por sus autores para ser incluidos.

Con la lista de oradores arrancó la radical Brenda Austin, que destacó el trabajo realizado a lo largo de las reuniones informativas y señaló que el proyecto apunta a garantizar el “derecho de acceso a la salud”. “Argentina no escapa a un problema que tiene el mundo entero, que es la obesidad”, dijo y agregó que en nuestro país, “seis de cada diez personas adultas tienen sobrepeso u obesidad. Y cuatro de cada diez niños o adolescentes, también”.

Para la cordobesa, la iniciativa “es un aliciente, una herramienta muy importante”; y ponderó que “dirige una parte de su articulado a la regulación de lo que se vende en los entornos escolares”, al tiempo que establece reglas para que los niños “no sean carne de cañón de estrategia publicitaria”.

También valoró “la posibilidad de que el Estado adecue sus programas alimentarios a alimentación saludable”. Austin remarcó que se trata de un proyecto para que “podamos tener al alcance de la mano información sobre lo que estamos comiendo. No es un proyecto que atenta contra la industria, que busca dejar sin fuentes de trabajo”. Finalmente, aclaró que “más allá de las regulaciones que pueda establecer Mercosur, es una facultad de cada país” regular este tema.

Luego, el oficialista Julio Ferreyra, autor de un proyecto propio, manifestó su posición a favor de otro sistema de etiquetas. “Somos todos conscientes de que muchas veces la gente no lee, como pasa con la letra chica de los contratos”, sostuvo el jujeño, y defendió la aplicación del “semáforo”, el modelo Nutri-Score utilizado en Europa, en lugar de los octógonos negros.

El legislador consideró que la señalización con colores “a simple vista va a llamar la atención” y “permitiría que la persona, al ver los colores, se molestaría para ver el por qué”.

A su turno, el radical Federico Zamarbide resaltó que “no existe libertad de mercado si no existen consumidores correctamente informados”. A favor de la etiqueta negra en forma de octógono, el mendocino opinó que “claramente es el camino por el que debemos ir”. Durante su intervención, pidió que “la miel y los frutos deshidratados” estén dentro de las exenciones contempladas en el artículo 7 del proyecto, ya que “son alimentos cuyo consumo tenemos que incentivar, no desincentivar”.

En defensa de la media sanción del Senado, la oficialista Daniela Vilar solicitó “no dilatar más el proceso” y aprobar el texto, que apunta a “generar el acceso a la información de manera clara y transparente”.

Al hablar de “cifras alarmantes” en Argentina, la legisladora detalló que “el 46% de niños y niñas de entre 2 y 7 años consumen al menos una vez por día alimentos no recomendados” y “niños en contexto de pobreza tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso o mal nutrición”. “Los octógonos son necesarios y oportunos” para que “quienes brindan asistencia alimentaria en nuestros barrios populares puedan acceder a información oportuna”, opinó.

Por su parte, el radical Alejandro Cacace subrayó que “no hay prohibiciones sobre la producción o sobre el consumo, lo que se está dando es la información sobre los nutrientes de los productos, para que pueda haber un mejor consumo”.

Además, el puntano indicó que según un estudio experimental del propio Ministerio de Salud, la etiqueta negra logra “capturar mejor la atención”; y explicó que los que no sean alimentos procesados y ultraprocesados no quedarán “bajo el perfil de nutrientes críticos” establecido por la OPS (Organización Panamericana de la Salud).

Desde Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño expresó que el rotulado actual de los productos “no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar”. “Tenemos la necesidad de cambiar la ley”, afirmó y reforzó: “Es indispensable que promovamos una ley en defensa del interés público y la salud”. Asimismo, recordó el mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional sobre la protección “del derecho de los usuarios de bienes y servicios”.

Como miembro de la Comisión de Industria, el oficialista Eduardo Fernández propuso que, además del plazo de un año de adecuación -a diferencia de los 180 días que se estipulan para las grandes industrias-, las MicroPyMEs, las cooperativas y la agricultura familiar puedan ser acompañadas con “colaboraciones técnicas” por parte del Estado y, si fuera necesario, “con apoyo crediticio” para poder cumplir con la norma.

En tanto, el radical Atilio Benedetti aseguró su apoyo rotundo a la ley, que definió como “una norma trascendente”, pero advirtió que “esto no va a ser neutro, las reconversiones no son gratis”. El entrerriano enfatizó que “el momento que están pasando las industrias de Argentina no son comparables con otros países”, producto no solo de la pandemia, sino de “una presión impositiva totalmente exagerada” y la “obligación de mantener los precios máximos”.

En ese sentido, el diputado apuntó que existiría “un corsé de dificultades para adaptarse” a una ley de este tipo, y consideró que 180 días es un plazo “absolutamente escaso”. Además, anunció que, en el marco del debate del impuesto a las Ganancias para sociedades, planteará que “todas las reinversiones tengan una consideración en particular a lo que refiere a Ganancias”.

Referente en temas de defensa del consumidor, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, enfatizó que “la demanda de los usuarios y consumidores es un derecho constitucional”. El mendocino fustigó que, a lo largo del tiempo, los oferentes “han cometido abusos que son tremendos”, y esta ley viene a proteger y garantizar “la disposición constitucional de la demanda”.

Ramón opinó que “más allá de sus preocupaciones (en alusión a las empresas) por los 180 días o los 12 meses, créanme que una imprenta de ninguna manera va a aumentar los costos por el etiquetado negro”. “Señor oferente, puede seguir ofreciendo basura”, lanzó, pero remarcó que con esta norma el usuario podrá elegir qué comprar.

Por último, pidió votar el proyecto sin modificaciones ya que, a su criterio, no se altera “la capacidad económica de las empresas, que puedan seguir haciendo trampa, o la comercialización de los productos en el Mercosur”.

Entre los oradores, la oficialista Liliana Schwindt celebró que en esta temática “nunca llegamos tan lejos en el tratamiento y en estar a punto de dictaminar”. “Tenemos una obligación con la ciudadanía de brindarle esta herramienta que facilita la información de los productos que van a consumir”, sostuvo.

La diputada reiteró que se trata de un “derecho consagrado en la Constitución”, por lo tanto “es poner en lo más alto el derecho de los consumidores y consumidoras que desde hace años ven impedido el acceso a la información clara, ordenada y práctica para hacer sus compras, para elegir qué van a llevar a su mesa, qué le van a dar de comer a sus hijos y nietos”.

Para Schwindt, el proyecto “significa una ventaja para la industria alimentaria también” porque ” permite que se oriente hacia una producción saludable sin generar grandes costos”; al tiempo que es “una iniciativa de salud pública, que tanta falta nos hace en este momento”.

El proyecto busca que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -calorías, sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.

Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.

Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 12 meses, también prorrogables.

Además indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.