El ministro de Justicia se presenta desde las 18.12ante un plenario de comisiones, en el que no participa la oposición, para buscar reactivar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y es uno de los que están trabados en la Cámara baja.
En el marco de un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expone –de manera virtual- desde las 18.12 ante los diputados para buscar reactivar la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (27.148) y sus modificatorias, respecto del Procurador General de la Nación.
Este es el debut de Soria en el Congreso en su nuevo rol como ministro, dado a que había sido diputado hasta hace unas pocas semanas, pero su exposición la llevó a cabo solo ante legisladores del oficialismo ya que desde Juntos por el Cambio decidieron no participar de la misma.
Cabe recordar que el “corazón” del proyecto consiste en modificar la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- del Senado. Además, limita el mandato del jefe de los fiscales, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.
Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso.
Esta bicameral tendrá mayor poder de acuerdo a la iniciativa, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.
El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
