Denuncian que las fuerzas de seguridad santiagueña violan derechos de los menores

“En Santiago del Estero las fuerzas de seguridad violan los derechos de niños y adolescentes y el Gobierno nacional no debe permitirlo en ninguna provincia”, advirtió la diputada Carla Carrizo.

Carla Carrizo, vicepresidente del bloque de diputados de la UCR, junto a 10 diputadas y diputados de Juntos por el Cambio, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, solicitaron que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que explique al Congreso qué medidas se han tomado sobre “el accionar arbitrario, violento y abusivo de la policía de Santiago del Estero con un adolescente de 14 años que fue detenido en una cárcel de adultos, el viernes pasado, en el marco de las medidas restrictivas por el Covid”.

“Los niños y adolescentes en Argentina, no pueden ser detenidos en comisarías ni cárceles para adultos, menos por ir a comprar una garrafa en bicicleta en plena luz del día; un procedimiento absolutamente violatorio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes garantizados en el país”, señaló Carrizo.

Esto ocurrió en la localidad de La Cañada, el pasado viernes 28 de mayo.  Según Carrizo, “seguimos viendo ahora en 2021, como lo vimos en 2020 aunque no se haya reflejado en los medios nacionales, cómo las fuerzas de seguridad en las provincias actúan como si la infancia y la adolescencia no tuvieran derechos y leyes en Argentina. De hecho hay una ley específica, votada en el Congreso en 2007, la ley 26.290 que indica específicamente la capacitación obligatoria de las fuerzas de seguridad en los derechos de niñas/os y adolescentes en Argentina. Llevamos 14 años sin implementarla, se lo pedimos a la ministra de Seguridad, en un proyecto a principios de 2020, que por favor la reglamente y la implemente. ¿Cuántas víctimas más tenemos que denunciar en los medios por falta de implementación estatal?”.

A través de un proyecto de resolución, los diputados, solicitan que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados,  brinde explicaciones sobre qué medidas se han tomado en relación a este hecho de violencia institucional en particular, y sobre el grado de implementación de la ley sobre capacitación obligatoria de las fuerzas de seguridad de derechos humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes en todo el país”.

“No podemos naturalizar la criminalización de la niñez y la pobreza que ocurre en varias provincias incluso antes de la pandemia pero que con las restricciones del Covid se han agravado”, finalizó la diputada radical.

La solicitud cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Silvia Lospennato, Dolores Martìnez, Gabriela Lena, Emiliano Yacobitti, José Patiño, Dina Rezinozky, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Adriana Cáceres y Sebastián Salvador.

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