Después de un extenso debate durante 6 horas, la Cámara alta convirtió en ley la ampliación del régimen de zona fría para que los usuarios de gas natural tengan una tarifa subsidiada en regiones de bajas temperaturas. Duros cruces entre el oficialismo y la oposición por la política energética.
El Senado sancionó y convirtió en ley el proyecto denominado Zona Fría, que prevé la ampliación del régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50% para los usuarios.
Con un extenso debate que duró 6 horas, el Senado sancionó la Ley de Zona Fría con 51 votos a favor, 12 negativos y ninguna abstención, con el apoyo del Frente de Todos, aliados peronistas y algunos acompañamientos en general de senadores de Juntos por el Cambio mientras que otros de la oposición votaron en contra.
El debate, que fue intenso por momentos, tuvo tres claras posturas siendo la del oficialismo la misma que en Diputados, ya que se criticó la política energética del macrismo y marcaron que esta iniciativa de ley “otorga derechos y beneficia a los más necesitados”.
En tanto, la mayoría de la oposición cuestionó este proyecto señalando que “otorga subsidios en forma discriminada”, “no tiene un verdadero sustento financiero”, va a producir un “descalabro” en el sistema energético por el “exceso” de consumo, que “es una medida electoralista” y que “va a perjudicar a las futuras inversiones” para realizar obras de infraestructura.
Otros senadores de la oposición, que en su mayoría votaron a favor en general, también realizaron críticas y solicitaron que se atienda el problema de los usuarios de gas en garrafa.
Asimismo, uno de los puntos más recurridos fue la necesidad de que llegue la red de gas a las provincias del norte del país que además solicitaron que haya una política de subsidio diferencial para la red eléctrica en verano donde las temperaturas son elevadas.
De esta manera, distintas localidades de 15 provincias argentinas tendrán tarifas diferenciales de gas, que se sumarán a la región de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), ya contempladas en el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, se sumarán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Las voces en el recinto
En el cierre del debate, el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, definió el proyecto puesto en discusión como uno que “básicamente aspira a cumplir con el derecho social. Es una cuestión también de derechos humanos”, dijo.
“Tenemos que tener una visión estratégica, como la que tuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina, para que todo ciudadano, viva donde viva, pueda utilizarlos”, dijo. Y agregó: “Ese programa estratégico hace al desarrollo económico y social del país”.
No faltaron en su discurso, por supuesto, las críticas hacia el Gobierno anterior, al que fustigó por el tema tarifario. “No existió sinceramiento de tarifas”, durante esa gestión, afirmó, asegurando que hubo una “dolarización de los servicios, y ustedes siguen acompañando esa política de Macri”.
“¿Saben cuánto fugaron del país las energéticas en el año 2019? Solamente ese año fugaron 7.500 millones de dólares”, afirmó. “¿Y el problema son estos 5.200 millones del fondo fiduciario?”, se preguntó, asegurando que desde JxC se oponían por cuestiones electorales
Sobre el final, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reconoció errores en materia tarifaria tomadas por el Gobierno de Cambiemos. Es más, dijo, “yo estoy convencido de que el sinceramiento, del modo que se implementó, tuvo sus consecuencias directas en materia electoral. Y también muchos advertíamos; pero también hay que decir las cosas como son: sincerar y hablar con la verdad y tomar decisiones cuando hay déficit y alguien se tiene que hacer cargo, también tiene su resultado positivo no para un gobierno, pero sí para un país”.
“Era tan grave la situación que no solamente no se resolvió desde la cartera de Energía o lo resolvió un presidente… No, en el 2017 se firmó el Acuerdo Federal Energético, donde todos los gobiernos provinciales, con excepción de San Luis y La Pampa, coincidieron en la necesidad de estipular precios, tarifas, para compensar la cadena de la producción, de la distribución de toda la cadena en materia energética, para establecer la tarifa social para realmente segmentar a quienes lo necesitan, pero había que recuperar los niveles de inversión. Porque se tocó fondo. Había que hacerlo, porque la política anterior de subsidiar indiscriminadamente, nos llevó al peor de los mundos”, agregó.
Naidenoff reconoció que “fue equivocado la política de tarifazos -del gobierno anterior- pero no se trata de una puja solamente de zonas sino que repetimos la historia de la indiscriminación de los subsidios no van más y se equivocan”.
“Yo me hago cargo de la insensibilidad de la decisión de aumentar tarifas porque fui parte de un gobierno, pero esto de tirar manteca al techo para subsidiar la energía a señores que pueden ir a esquiar a Las Leñas o estar tranquilos en Villa La Angostura”, cerró.
En el inicio del debate, el miembro informante del Frente de Todos, Roberto Uñac, sostuvo que “la tarifa diferencial que establece la presente ley no excluye los beneficios que ya gozan por otras normas vigentes”.
“Además, la ampliación del régimen para zonas frías no requiere aportes del Tesoro y significa un beneficio para casi 4 millones de hogares”, agregó el senador sanjuanino.
En tanto, al inicio de su discurso, el miembro informante de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, adelantó que ese interbloque dio libertad de acción a sus miembros para votar según sus criterios sin una orden política.
El senador misionero dijo que “esta medida no discrimina entre hogares con posibilidad de pagar una tarifa representativa de los costos y aquellos hogares que no tienen esa posibilidad, no es un subsidio focalizado, sino que está armado en función de una zona geográfica arbitraria”, y adelantó que votará en contra al mismo tiempo que elogió la gestión del ministro de Energía del gobierno anterior, Juan José Aranguren.
También en contra del proyecto, la senadora neuquina Lucila Crexell (MPN) manifestó que “lo que debiera ser una herramienta para generar incentivos termina siendo una herramienta de demagogia electoral” porque esta iniciativa “viene a fortalecer la idea de la patria subsidiada que no sabemos bien cómo y a quien subsidiamos”.
En el mismo sentido, la senadora mendocina Pamela Verasay (Juntos por el Cambio) sostuvo que “los subsidios generalizados principalmente benefician a los sectores de altos ingresos”.
Asimismo, el senador chaqueño Víctor Zimmermann consideró que “el sistema de subsidios en la Argentina es pro ricos, seguro que es así y ahora con este proyecto de ley eso se amplía”.
En la misma línea, el senador entrerriano Alfredo de Angeli manifestó que “es un proyecto de ley que yo llamaría ‘ampliación generalizada de subsidios a usuarios de gas en red’, y por eso estoy en contra porque cuando se regala se puede llegar a cometer el error de derrochar, es un proyecto demagogo”.
También la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado sostuvo que “esta es una ley absolutamente injusta porque genera una gran desigualdad. Es un subsidio a una mancha generalizada donde no se distingue quienes lo necesitan de verdad y quienes no”, señaló.
Por su parte, la senadora bonaerense Gladys González fue contundente: “Es justamente en honor a mi convicción por una Argentina justa y equitativa que me opongo a esta ley de zonas frías, porque no hace otra cosa que profundizar la desigualdad, profundizar la injusticia y beneficiar a los más ricos”.
Para el senador mendocino Julio Cobos “la única manera para que se extienda la red de gas es con inversiones que surjan del propio sistema, no hay que ir de un extremo a otro, hay que actuar con razonabilidad y sentido común para extender estos beneficios”, aunque adelantó que va a aprobar el proyecto en forma general.
Otro de los que realizó cuestionamientos al proyecto de ley pero votará a favor fue el senador fueguino Pablo Blanco, quien afirmó: “Hay que hacer una discusión general del tema, hay que estudiar y analizar una tarifa social que esté acorde a los ingresos de quienes deben abonar”.
Desde la oposición, la senadora jujeña Silvia Giacoppo afirmó que “las medidas propuestas tienen la finalidad de garantizar la igualdad real entre habitantes de todo el país. Celebro que los pedidos de los diputados de mi provincia, de mi espacio político, hayan tenido la posibilidad de solicitar la inclusión de Jujuy”, apuntó.
Al cruce de las críticas opositoras, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá sostuvo: “Me sorprende que en momentos de tantas dificultades se busquen argumentos rebuscados. Tenemos que trabajar en defensa del pueblo argentino y esta ley va a proteger a los actores más humildes”, agregó.
Y fustigó: “No los entiendo a los senadores de provincias petroleras, su posición huele a un tufillo de petróleo”.
Al igual que Rodríguez Saá, la senadora santafesina María Eugenia Sacnun disparó: “No se puede entender como que quienes quisieron establecer una nueva medida de energía como las dos pizzas y aumentaron brutalmente las tarifas, ahora nos vienen a decir como tenemos que hacer la política energética”.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y le pidió a Juntos por el Cambio que tengan “un poquito de vergüenza, hagan una autocrítica, no sean cínicos y pídanle disculpas al pueblo argentino antes de hablar de inflación y de tarifas”.
“Le pido a los senadores de Juntos por el Cambio que voten por la gente y para la gente y no por la planilla que le pasan a Mauricio Macri para saber como votó cada senador”, remató.
También el senador neuquino Oscar Parrilli cuestionó la postura crítica de la oposición y luego planteó que “todo ciudadano, sea rico o sea pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que recibe”.
En defensa del proyecto oficialista, el senador chubutense Juan Mario País manifestó que “este es un proyecto importante que va a irradiar beneficios para millones de usuarios de un insumo esencial, el gas de redes y el gas de garrafas domiciliarias. Esto no es un subsidio del Estado, es un fondo compensador que pagan los propios consumidores”, remarcó.
Para la senadora peronista de San Luis Eugenia Catalfamo, “este proyecto se constituye como una verdadera declaración de principios, cada uno de los puntos que aborda reconoce el principio de igualdad y de no discriminación. Además, se busca revertir el estrago que provocó la gestión tarifaria macrista”, argumentó.
Asimismo, el senador riojano Ricardo Guerra consideró que “este proyecto amplía los beneficios que brindan un equilibrio entre el costo de las tarifas de gas en determinadas zonas con bajas temperaturas y el precio en otras regiones con condiciones meteorológicas más benignas”.
La senadora sanjuanina Cristina López Valverde sostuvo que “la incorporación de todas las demás zonas, no hace otra cosa que hacer justicia social y además no tiene un costo fiscal porque hay un fondo fiduciario que se va a retroalimentar”.
La norma prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país con temperaturas bajas, incorporándolas al beneficio.
De acuerdo a datos aportados por el oficialismo, hasta ahora había 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta norma se sumarán 3,1 millones de nuevos usuarios.
De 10 provincias y 79 departamentos se pasará a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar a Tucumán y Catamarca, según indicó durante el debate en comisiones el interventor del ENARGAS, Federico Bernal.
A partir de la ley se incluyen al régimen a las provincias de Buenos Aires -en gran parte-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad.
En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.
Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.
