Hidrovía: El Grupo 25 de Mayo celebró la decisión presidencial

Luego de la publicación del decreto por el cual el Estado se hace cargo del tema, los dirigentes entre los cuales la diputada Fernanda Vallejos es una de sus referentes destacaron la medida enfatizando que “el Paraná vuelve a manos del Estado”.

El Grupo 25 de Mayo había publicado una proclama el Día de la Bandera reclamando la estatización de la Hidrovía.

El decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece que la Administración General de Puertos (AGP) cobrará los peajes por el uso del río y se hará cargo por el plazo de un año (prorrogable) de la administración y control de la estratégica Vía Navegable Troncal. Son dos de las demandas de la Proclama del 20 de junio que impulsó el Grupo 25 de Mayo para recuperar la soberanía sobre el río Paraná.

Los dirigentes del Grupo 25 de Mayo destacaron el Decreto 427/2021 que publicó hoy el gobierno nacional, que faculta a la Administración General de Puertos (AGP) a asumir la concesión de las obras y la administración y cobrar los peajes a las navieras por el uso de la red fluvial troncal del Río Paraná. Además, la medida le confiere a la AGP “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal”.

Asimismo, mediante una “licitación corta”, la medida establece que la AGP se hará cargo por el plazo de un año, que comienza a correr a partir de la prórroga de 90 días otorgada por el Gobierno Nacional al consorcio Hidrovía SA.

Sin embargo, el decreto también aclara que las potestades de la AGP son pasibles de una prórroga “hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación” definitiva.

La diputada nacional Fernanda Vallejos, una de las referentes del Grupo 25 de Mayo, subrayó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.

En idéntico sentido, la legisladora ponderó “las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.

El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, otorga a la AGP la concesión de la operación para las tareas de dragado y balizamiento y el cobro de peajes a las empresas exportadoras por el uso del río, clave para el comercio exterior argentino.

El dirigente agropecuario y ex titular de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretti se mostró entusiasmado con la determinación del Ejecutivo. “Es una decisión muy trascendente del Estado, muy acertada, muy justa. A esto hay que agregarle otros tres hechos muy importantes: la constitución de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Hidrovía; la conformación del Consejo Federal, donde hay organizaciones sociales, donde están las provincias; a lo que debemos sumarle la propuesta de volver a dragar el Magdalena, que va a significar una importante reducción de costos para los productores en fletes”, explicó Peretti.

La definición política que tomó el Gobierno Nacional va en línea con dos de los ejes centrales de la Proclama del 20 de junio que impulsó en esa fecha patria el Grupo 25 de Mayo. En ese texto, los dirigentes habían reclamado retomar el control y la administración estatal de la red troncal con una asistencia de la AGP, después de veinticinco años de concesión al consorcio Hidrovía S.A., integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.

La relevancia estratégica de este corredor fluvial radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.

En esta misma línea de razonamiento, el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko aplaudió la decisión gubernamental porqué consideró que “favorecerá a los productores locales y a la industria nacional”.

Por este motivo, el Grupo 25 de Mayo había reclamado también en la Proclama del 20 de junio ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, con el objetivo de que el Estado pueda invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.

Destacan los del Grupo 25 de Mayo que con en este decreto, el Gobierno de Alberto Fernández pone fin a la prolongación de un modelo de concesión que rigió en los últimos 25 años, y que –sostienen- “trajo aparejadas prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito”.

Hasta 1992, la AGP se encargaba en forma centralizada de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como la Dirección Nacional de Vías Navegables se ocupaba del mantenimiento, dragado y balizamiento, de los canales, la red troncal y todos sus accesos.

“Sin embargo, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093, en el marco de las privatizaciones menemistas y la imposición del Consenso de Washington en la Argentina, se produjo la atomización del sistema nacional centralizado, en múltiples organizaciones provinciales, como paso previo para la concesión en 1995 de la tarea de mantenimiento de la red troncal a Hidrovía SA”, expresan quienes promueven la estatización del sistema a través de un comunicado.

La Proclama del 20 de junio advirtió que la concesión a Hidrovía SA significó un “caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el “modelo argentino” de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores.

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