La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), junto a los legisladores del Frente de Todos presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscará expresar su “profunda preocupación por la situación de la dirigente social Milagro Sala, quien el 8 de julio del corriente año cumplió dos mil días detenida por la presunta participación en una protesta social”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “el viernes 8 de julio se cumplieron dos mil días de la primera detención de Milagro Sala, desde entonces la dirigente social se encuentra privada de su libertad sin condena firme, incumpliendo así preceptos fundamentales enunciados en nuestra Constitución Nacional en su capítulo primero” e indicó que “el sistema democrático argentino consolida como principio básico para su buen funcionamiento la división de poderes, donde cada estamento es independiente del otro para evitar así el abuso y la concentración de poder al limitarse y controlarse entre sí; se trata de un principio de organización política sumamente importante para evitar totalitarismos y garantizar la libertad de los ciudadanos”.

Al mismo tiempo que indicaron que “en el caso de Milagro Sala pudimos presenciar mecanismos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo provincial violando así la naturaleza jurídica y política de la división de poderes, donde mediante una reforma judicial de la provincia de Jujuy se amplió el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia en el que asumieron, luego de votar dicha reforma en la legislatura, dos diputados ocupando lugares importantes en dicho Tribunal. Uno de ellos fue el ex legislador Pablo Baca que en enero del año 2020 se dio a conocer un audio suyo donde sostenía que ‘Milagro Sala no está detenida por sus delitos’”.

“De todos los procesos por los cuales se la juzga a Milagro en ninguno de ellos se logró probar la intervención directa de la dirigente social, sino que fueron basados en dichos de personas con procesos penales abiertos a quienes inmediatamente la justicia provincial de Jujuy mejoraba su situación procesal, afectando así no solamente a Milagro sino también al Estado de derecho en su conjunto”, añadieron y precisaron que “tal es la magnitud del escándalo institucional, por parte del poder ejecutivo provincial, y el incumplimiento del Estado argentino de la medida cautelar requerida por Amnistía Internacional, el Centro de Estudios legales y Sociales y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Sobre esa misma línea recordaron que “la Comisión dispuso que las condiciones de vigilancia, seguimiento y hostigamiento que sufría Milagro Sala en su detención, así como otro tipo de situaciones (sanciones disciplinarias, exceso de procesos judiciales y demás) producían un cuadro de deterioro físico, emocional, psicológico y moral de esta persona privada de libertad y que esto debía cesar de modo inmediato”.

“A cinco años de su detención, la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue abierta y la persecución continúa hasta hoy. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. A su vez, la dirigente social continúa detenida preventivamente lo que resulta violatorio de las garantías del debido proceso y presunción de inocencia”, sentenciaron.

La iniciativa también lleva la firma de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).