El gobierno republicano es la autoridad investida democráticamente por la Constitución para dirigir el país. Dicho gobierno decide lo que se ajusta al “bienestar general” a través de sus tres poderes que lo componen, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 

Leyes, decretos y sentencias hacen posibles que el estado reconozca y garantice nuestros derechos y nos indique que obligaciones tenemos los ciudadanos, las sociedades intermedias y los organismos del estado. De este modo los derechos humanos podrán ser ejercidos, incluso en momentos especiales como el que vivimos ahora con la pandemia. 

La autoridad, entonces, no es el presidente, ni los gobernadores, ni los intendentes, que solo ejercen los poderes o departamentos ejecutivos, sino que son los tres poderes del estado, cada uno en el ejercicio de sus competencias. 

Sin embargo, en situaciones excepcionales como que hoy vivimos, hay ejecutivos que se arrogan poderes que no les son propios, como ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional, que en el último año y medio dictó más Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que las leyes que sancionó el Congreso, invocando la emergencia, supliendo muchas veces inconstitucionalmente las atribuciones del primero y más importante de los poderes, que es el Congreso, que en la próximas elecciones será renovado por el voto del pueblo. 

Crisis 

En este siglo se produjeron cambios vertiginosos en el mundo, no sólo por el coronavirus, sino también por el crecimiento de la información y su procesamiento, a través de las redes y los medios digitales, se acentuó la globalización, el crecimiento económico, la concentración de los poderes políticos, sociales, económicos, de la información y del conocimiento. Pero ello ha hecho crecer la desigualdad, la informalidad y la pobreza. Se ha dificultado la movilidad social y las clases medias reclaman viviendas y mejores servicios de salud y de educación. Gobernados y gobernantes se han divorciado, pocos conocemos a nuestros representantes. La corrupción, la inflación, el desempleo y la marginalidad han agrandado la brecha. 

Las llamadas clases políticas y los poderosos se han desprestigiado y han perdido autoridad. Los partidos políticos se han debilitado o desaparecido, los parlamentos legislan poco, no controlan a los ejecutivos, los bloques se multiplican al compás del transfuguismo y muchas veces delegan atribuciones a los ejecutivos. El prestigio y la ejemplaridad se han debilitado, y los órganos legislativos no canalizan los reclamos, protestas, movilizaciones que suceden a diario en Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Perú, Sudáfrica, Hong Kong, etc. Los escraches, piquetes, tomas de tierras, nos muestran que estamos lejos del bien común y de la justicia. Ello debilita a la democracia y hace crecer el autoritarismo. 

La aparición de outsiders de la política –como Donald Trump (EEUU), Jair Bolsonaro (Brasil), Nayib Bukele (El Salvador) y Pedro Castillo (Perú); o nuevos dictadores –como Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba)-, son otra consecuencia de ello. 

Las elecciones de medio término, donde elegiremos senadores y diputados nacionales, se muestran como una lucha desenfrenada por retener o lograr cargos legislativos, pero también como una suerte de primaria para posicionarse para alcanzar candidaturas ejecutivas para los comicios de 2023. El número de legisladores por distrito es el mismo de hace 40 años, Córdoba tiene 18 diputados, y la CABA y Santa Fe con menos habitantes tiene 25 y 19, lo que contradice a la Constitución. No hay voto de preferencia, ni se pueden tachar a los candidatos que no nos gusten, para poder cambiar el orden de las listas, las que son confeccionadas por los que mandan. Por ello es frecuente ver que son encabezadas por las esposa/os, hija/os, amantes, amiga/os, punteros, etc., y que están adornadas por personajes mediáticos, que poco saben de política. Los expertos, los estudiosos, los humildes, los que se juegan por los demás o que lucen trayectorias y conductas ejemplares, son la excepción. Desaparecieron las plataformas electorales, sobran las críticas a los rivales y no se proponen transformaciones. 

La elección es otra oportunidad para nuevos proyectos, renovar la política y a los políticos, terminar con los privilegios y alimentar la esperanza en el país, y convencer así a los desilusionados que quiere irse.