Se espera que por el contexto en el que se realiza y el escándalo conocido como el “Olivosgate” que todavía sigue en expansión, la tensión en el recinto alcance momentos elevados.
A menos de un mes de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 12 de septiembre, el Senado, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, sesionará a partir de las 14, con un temario que a priori no tiene temas demasiado complejos, pero la chicana política por la proximidad de las elecciones estará a la orden del día. Y por supuesto, el escándalo generado por las fotos y videos del cumpleaños de la primera dama, y las visitas a la residencia presidencial en general, estará presente durante la sesión.
Tras la última sesión realizada el jueves 15 del mes pasado, uno de los temas más controversiales en el que se cruzarán el Frente de Todos y Juntos por el Cambio será por los proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parrilli (FdT).
Además, se espera que en el inicio de la sesión pronuncie su juramento Juliana Di Tullio en reemplazo del ahora ministro de Defensa de la Nación Jorge Taiana.
Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.
Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
Por otra parte se tratará un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).
El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.
