A casi un año de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado sancionó este jueves la Ley de Trayectorias Educativas, que apunta a trabajar en la deserción escolar que produjo la pandemia por el Covid. La norma fue votada por unanimidad, con 45 votos positivos.

La única oradora del debate fue la presidenta de la Comisión de Educación, Cristina López Valverde (FdT), quien explicó que “una trayectoria escolar es el recorrido que hace un alumno” en “un tiempo previsible, en forma permanente, con calidad, en forma articulada”. “Todos sabemos que la pandemia nos cambió todo, y por lo tanto lo que era previsible” se tornó “en una ambigüedad y una incertidumbre total”, y la educación estuvo incluida, analizó.

La sanjuanina destacó el consenso alcanzado para sacar esta iniciativa en la Cámara de Diputados, y defendió que las estrategias contempladas en la norma apuntan a “mitigar los aspectos negativos del Covid”. “Es un proyecto que establece una estrategia integral” en cuanto “abarca todas las dimensiones del sistema educativo”, valoró y celebró que “presenta un trabajo interministerial”.

Además, la senadora destacó que en la ley “hay un espíritu participativo, esto de llamar a la comunidad a que se sume con compromiso y con participación”.

Asimismo, López Valverde mencionó que se contemplan una serie de acciones que “el Ministerio de Educación en forma articulada con el Consejo Federal de Educación ya han venido desarrollando”. “Parecería entonces extemporáneo, ¿por qué aprobar esto?”, se preguntó la legisladora, en medio de un contexto en el que ya hay clases presenciales.

Y continuó: “Porque ese camino y esa trayectoria, y esa estrategia, nos puede servir no solamente como un elemento del pasado, de la memoria, sino también nos puede servir como inspiración, como un modelo para el futuro”. “Ojalá nunca más tengamos que pasar por una situación como la que ya atravesamos, nosotros y el mundo entero, pero nunca estamos exentos de catástrofes”, añadió.

Durante la pandemia, “el rendimiento escolar y la deserción han sido mayor aunque se hayan tomado las mil y un medidas”, lamentó. Pero resaltó que “no hay intención del Ministerio de tapar esto, sino de conocerlo a fondo”.

“Queda mucho por hacer, hay que recuperar a aquellos alumnos que abandonaron, a aquellos que interrumpieron su trayectoria educativa, siempre tratando de llegar a la máxima calidad posible y a lo que es la justicia educativa”, añadió.

Qué establece la flamante ley

La ley establece una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.

Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.

En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.

El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y articulará las acciones necesarias con los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Cultura para su cumplimiento.

Asimismo, la cartera educativa “en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.

En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.

También, la norma estipula que “se realizará una convocatoria social para promover el apoyo social que acompañe a las y los destinatarios e instituciones participantes de los programas para fortalecer las trayectorias educativas” y “se convocará a la participación de organizaciones sociales y/o juveniles, centros de estudiantes, cooperadoras escolares, estudiantes de institutos de formación docente y de universidades, entidades comunitarias, deportivas, culturales, sindicales, entre otros, para un mejor logro de los objetivos y la asunción de solidaridad comunitaria con respecto al derecho a la educación”.

Entre otros puntos, la ley define que los gastos que demanden su implementación “serán solventados con financiamiento del Estado nacional y deberán ser incluidos en el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en el marco de la política presupuestaria que el gobierno plantee para la jurisdicción”.