Desde la Coalición Cívica se manifestaron sobre el envenenamiento con drogas adulteradas en el conurbano bonaerense y sostuvieron que “la corrupción y la droga matan. Lo que vemos en el conurbano es la consecuencia lógica de más de treinta años de inoperancia y complicidad”.

“El presidente de la Nación es el responsable exclusivo y excluyente de lo que pase en esta materia por haber designado en el Ministerio de Seguridad a Aníbal Fernández”, señalaron.

En ese sentido, insistieron: “En estos más de treinta de años de administración de la Provincia de Buenos Aires por parte del mismo espacio político, hemos visto candidatos de este oficialismo que, con pasado en prisión por narcotráfico, observamos videos de intendentes explicando su complicidad con la venta de drogas y también nos enteramos de la relación privilegiada de prominentes figuras de la coalición de Gobierno con el narco delito. La consecuencia lógica de estos vínculos los encontramos hoy en la degradación de la salud, la educación y la seguridad en la Provincia”.

“Más allá de las responsabilidades provinciales porque, aunque el narcomenudeo sea un delito local, el narcotráfico es el crimen federal que el ministro Aníbal Fernández no quiso, no quiere y no puede combatir”, aseguraron desde la CC.

En ese marco, recordaron que desde “la Coalición Cívica pidió su Juicio político en el año 2010, cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, por su relación con el triple crimen narco General Rodríguez, lo denunció penalmente después, y cuando asumió como ministro de Seguridad de Alberto Fernández también pidió su juicio político”.

En tanto, destacaron que “desde el Congreso de la Nación podemos hacer algunas cosas para que las autoridades federales no tengan excusas de no hacerse cargo. Derogar completamente la ley de desfederalización de delitos narcotráfico, crear el programa nacional de prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Organizar unidades de desintoxicación, centro de recuperación de las adicciones y revinculación social. Agravar las penas para la comercialización del paco y otras drogas altamente peligrosas. También las penas para las organizaciones del narcotráfico. Establecer medidas curativas eficientes con internación, para facilitar la intervención judicial, y modificar el régimen de precursores químicos”.

Y enfatizaron que “en el año 2016, cuando una sentencia de la Justicia Federal de San Isidro envió al Congreso una escandalosa resolución en el expediente que investiga el Crimen narco ocurrido en el año 2008 en el Shopping Unicenter, Elisa Carrió presentó un proyecto que pretendía retrotraer la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. El tiempo ha demostrado que la norma en cuestión, lejos de ser instrumento para mejorar la lucha contra el narcotráfico, la ha entorpecido e incluso ha facilitado el avance del crimen organizado, lo que se observa en este tiempo en el recrudecimiento de los delitos conexos, como los homicidios por encargo o por venganza”, señalaron.

“Se pretende con este proyecto de ley retrotraer a la situación anterior al 2005, año en el que se sancionó la ley  26.052, oportunidad en la que nuestro bloque advirtió sobre las graves consecuencias que aparejaba su sanción en relación a la política criminal”, dijo Carrió y explicó: “Señalamos que su implementación no lograría más que fraccionar o seccionar las investigaciones, atentando contra el éxito de la pesquisa en cuanto a los delitos de mayor gravedad y de las cabezas del crimen organizado. Se produciría un fraccionamiento de las investigaciones, puesto que la ley 23.737 no establece un parámetro para determinar a partir de qué cantidad de estupefacientes el magistrado debe considerar que se está frente a un caso de comercialización o de tenencia”.

Por consiguiente, desde el bloque narraron: “Nuestro partido ha denunciado también a los magistrados provinciales que fueron parte del delito. Por ejemplo, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, Claudio Scapolán, por la comisión de delitos y mal desempeño en el cargo. Carrió ha señalada en la Justicia y en los pedidos de destitución, que en el Poder Judicial existía un perverso e ilícito esquema de ejercicio de la acción penal diseñado por el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, procesado por encubrimiento de narcotráfico, en el que Scapolán habría sido un operador fundamental a la hora de ejecutarlo”.

“Por otro lado, desde el año 2012, Carrió con el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, viene presentando un proyecto para desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones a estupefacientes en todo el territorio nacional”, destacaron.

Asimismo, afirmaron: “Pero pensar en políticas destinadas a la prevención del consumo problemático, también es pensar en la reducción de daños. Acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecen adicciones, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.

“Como sostuvo históricamente la CC, y aún sostiene, el Estado debe coordinar acciones intersectoriales con los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las Secretarías de Cultura, Derechos Humanos y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al Programa Nacional, a fin de desarrollar programas y pautas para un abordaje intersectorial de las adicciones, que puedan ser implementadas por cada una de las provincias, incorporando mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares”, plantearon desde la CC;

Y concluyeron: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe coordinar planes de prevención en el trabajo y de inserción socio-laboral para las personas con adicciones, entre los que deberán incluirse la implementación de convenios con empresas nacionales, para que las mismas incorporen personas en proceso de reinserción social”.