Esta semana se volvió a vivir en nuestro país una trágica situación que dejó, por el momento, más de veinte muertos y alrededor de ochenta internados. Lamentablemente, el consumo de cocaína adulterada en algunas zonas del conurbano bonaerense, dejó este saldo de víctimas, pero también evidenció las falencias de un Estado ausente, que sigue llegando tarde a los problemas reales de la gente.

Esta crisis volvió a poner sobre el tapete la problemática de la inseguridad y el narcotráfico en nuestro país, y aunque parezca mentira, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y su par de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la utilizaron para profundizar las internas del oficialismo faltando el respeto a las víctimas, sus familiares y a toda la sociedad, sin atender el fondo del problema.

Queda al descubierto la ausencia de la lucha contra el narcotráfico en la agenda pública y en las prioridades del Gobierno. Un claro ejemplo de eso es que, a fines de 2019, la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico bajó al rango de Dirección dentro del área de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

En ese sentido, debemos revisar y preguntarnos cuáles son las medidas que se han implementado para prevenir y reducir el tráfico internacional por nuestros puertos, aeropuertos internacionales y pasos fronterizos, y cómo vienen actuando las fuerzas de seguridad en territorio, donde en muchos casos se evidencia que hacen la vista gorda o existe connivencia con las organizaciones criminales.

Una de las herramientas fundamentales en esta lucha es contar con un buen sistema de denuncias anónimas, para que quienes puedan aportar datos sobre probables delitos de narcotráfico lo hagan sin miedo a represalias. Hoy, según el portal del Ministerio de Seguridad, la Línea 134 está más abocada a las denuncias por Covid-19 y violencia institucional que a delitos de narcotráfico. Es por eso que me comprometo a volver a proponer que se establezca por ley un número para denuncias anónimas por delitos de narcotráfico y conexos.

Pero, además, esta trágica situación dejó en claro el gran problema de salud pública que significan las adicciones y el consumo problemático de drogas y estupefacientes, agravado por la pandemia donde se generó un aumento del uso y abuso de drogas a causa del aislamiento.

En este sentido, quisiera remarcar la importancia de dos leyes que están abocadas al tratamiento y la prevención de las adicciones en nuestro país. Por un lado, la Ley de Salud Mental, sancionada en el año 2010, y por otro lado, la que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP), aprobada en el año 2014, de la cuál fui autor de uno de los proyectos.

A pesar de ser dos leyes modernas, sancionadas en un contexto y una realidad similar al de la actualidad, está claro que no obtuvieron el resultado esperado, ya sea por fallas en la reglamentación, o simplemente, por falta de gestión por parte del Poder Ejecutivo.

Soy consciente de que no hay una solución mágica para esto, pero también, soy un convencido que la misma tiene que surgir de un abordaje integral de la problemática, que incluya políticas públicas promovidas por el Estado, articuladas con las asociaciones civiles que trabajan día a día en la lucha contra este flagelo, muchas de ellas integradas por familiares y víctimas que aún sufren en primera persona las consecuencias de las adicciones.

Desde mi lugar en el Senado de la Nación buscaré generar los debates necesarios para analizar las leyes de Salud Mental y de Consumos Problemático con el fin de que las mismas se adecuen a las necesidades reales de los pacientes. Debemos acordar una agenda de trabajo que escuche e incluya a todos los involucrados.

Lógicamente, desde el área de Seguridad, tiene que volver a ser una prioridad la lucha contra el narcotráfico. Pero desde el sector Salud, es en estas leyes dónde debemos poner el foco. Siempre priorizando la salud y los derechos de los pacientes, y poniendo como eje principal la prevención.

Lamentablemente, esta vez, volvimos a llegar tarde. Pero tenemos la posibilidad de prevenir otra tragedia. Está en todos, en las asociaciones civiles, en los legisladores y en los funcionarios del Poder Ejecutivo, la posibilidad de trabajar juntos para no volver a escuchar los testimonios de madres y familias destruidas por las drogas. Llegó el momento de dejar de mirar para otro lado, y dar respuesta como Estado.