El principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue recibiendo críticas por las consecuencias que traería, en esta ocasión fue otra vez la exdiputada oficialista Fernanda Vallejos quien expresó su rechazo en sus redes sociales y le pidió al Gobierno: “Al pueblo hay que decirle la verdad”.

En su cuenta de Twitter, Vallejos retomó las palabras que el equipo de trabajo del ministro de Economía, Martín Guzmán, expresaron sobre el acuerdo con el Fondo: “Se 'está terminando de definir' la metodología que permita un equilibrio entre ajustar el tipo de cambio sin hacer un salto devaluatorio y que, al mismo tiempo, no impacte en la inflación”. Por esa frase, la exdiputada pidió: “Al pueblo hay que decirle la verdad: ajuste del TC = +inflación”.

En tanto, advirtió que “todas las exigencias del FMI son políticas inflacionarias y recesivas: devaluación, tarifazos, más tasa de interés. Le piden al FdT que instrumente la política que aplicó el macrismo; cuando fue votado, precisamente, para terminar con esa política”.

“No obstante, la suba de precios internacionales (PI) opera en el mismo sentido que una devaluación. Por ello, con PI al alza, el ajuste del TC puede amplificar el impacto inflacionario. Pero también, una política de desacople de precios, puede compensar, en parte, la devaluación”, señaló Vallejos.

Por último, cuestionó que “no hay, en realidad, tanta ‘metodología’ para ‘definir”, y sugirió: “Los promotores del acuerdo, si piensan en aumentar la devaluación y, de verdad, no quieren seguir alimentando más inflación, tendrían que estar diseñando un esquema adecuado de derechos de exportación.

Además, se refirió a un informe de Proyecto Económico que estimó: “La suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza”, lo que traería aparejado “una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso”.

“El informe sugiere un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa prestadora más una ganancia razonable y que las inversiones queden a cargo del Estado”, manifestó.