Con funcionarios, sindicalistas y empresarios se abrió el debate sobre promoción de la industria automotriz

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzó a tratarse el proyecto de ley impulsado desde el Poder Ejecutivo.

Con la participación de funcionarios, sindicalistas y empresarios comenzó a tratarse este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, impulsado desde el Poder Ejecutivo, sobre promoción de inversiones en la industria automotriz.

La ronda de expositores se abrió con la palabra de Julieta Loustau, subsecretaria de Industria, quien señaló que este sector representa “el 10% de la producción industrial, empleando más de 65 mil puestos de trabajo, y siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial”.

“En el país tenemos más de 11 terminales automotrices y más de 19 modelos producidos en el país”, precisó la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo, que explicó que “el proyecto viene a potenciar los resultados ya obtenidos en el marco de la Ley 27.263” de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Además, la iniciativa busca “acompañar un proceso de modernización que está atravesando el sector”.

Loustau detalló luego los aspectos principales, que se dividen en dos capítulos: la creación de un régimen de incentivos para el fomento de nuevas inversiones y la creación del Instituto de la Movilidad “con la idea de coordinar entre las diferentes cámaras, sindicatos, entidades tecnológicas y el Estado Nacional este proceso de transición que está atravesando el sector”.

Desde la cartera económica, María Sol Pasqualini, subsecretaria de Tributación Internacional, defendió que “este proyecto de ley tiene una mirada estratégica para el sector”. “Lo fundamental es incentivar las exportaciones y que se radiquen nuevos modelos y plantas en el país”, sostuvo.

Luego apuntó que los beneficios que se contemplan son “muy similares a los que buscamos implementar en la ley agroindustrial”. Así, enumeró que se trata de “la devolución anticipada de IVA” que “se iría a devolver cuando las inversiones empiecen a dar fruto y las empresas a hacer ventas o exportaciones”. “Lo que se devuelve no tiene un costo fiscal, sí financiero, que lo va a absorber el Estado”, agregó.

También establece la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, que consiste en “un beneficio financiero” y “los derechos de exportación van a ser 0”. “Los beneficios se pueden dar de forma recurrente”, aclaró.

Desde el sector sindical, Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), recordó que la iniciativa comenzó a conversarse en diciembre de 2019, con la intención de “poder construir en conjunto una idea a largo plazo para una industria que es estratégica para el desarrollo de nuestra Nación, porque es una empresa multiplicadora de empleo. Así como la construcción, es una industria que desparrama hacia las PyMEs y hacia las autopartes”.

“Para poder construir el futuro debemos sentar las bases del presente”, observó y afirmó que, en ese sentido, “esta ley apunta a darle a nuestra industria esa base fundamental para que las empresas que hoy existen en el país tengan la previsibilidad a la hora de hacer inversiones”.

En tanto, Abel Furlán, secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), consideró que la iniciativa “suma beneficios muy importantes para la industria y fundamentalmente para este sector”. Puntualmente, el exlegislador destacó “la conformación del Instituto de la Movilidad” para “poder estar cumpliendo un rol importante no solo en las transformaciones”, sino también “en la formación profesional, en la capacitación de los recursos humanos”.

Desde ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Isabel Martínez ponderó el consenso de todos los sectores involucrados en la elaboración de cuatro proyectos de ley. “No estamos pidiendo nada que en el mundo no exista, como que no se pague para exportar”, señaló y, sobre los beneficios, indicó que “la devolución del IVA a las automotrices es algo que naturalmente debería ocurrir”.

“Hay algunas terminales automotrices que ya han hecho inversiones pensando en la posibilidad de contar con estos beneficios”, reveló.

Una de las voces del sector empresario fue la de Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), quien resaltó que “Argentina está en un grupo de 25 o 30 países que producen automóviles en una escala superior a las 500 mil unidades. Estamos en el puesto 28. Y ocupamos el sexto lugar en producción global de pick-ups”.

“Es una industria exportadora de productos de alto valor agregado”, aseguró, por eso valoró “la importancia de esta ley y la competitividad para exportar”. “El sector lo integran 13 terminales, más de 600 autopartistas, más de 800 concesionarios y cuando combinamos empleo directo más el empleo indirecto, estimamos que generamos algo así como 500 mil puestos de trabajo”, enumeró y agregó que es “el segundo sector industrial en inversión extranjera directa”.

Antes de pasar a la ronda de preguntas, el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), comparó que en 2019 “la producción nacional de vehículos fue de 314 mil vehículos y las exportaciones de 224 mil vehículos”.

En 2020, producto del impacto de la pandemia, “la producción cayó un 55% y las exportaciones un 50%”; mientras que “la recuperación de 2021 lo llevó por encima del valor anterior: la producción de 2021 llegó a 434 mil unidades, un aumento del 69% y en lo que hace a exportaciones pasaron de 137 a 259 mil unidades, un aumento del 88%”.

“En lo que va de este año hay una producción acumulada a mayo de 195 mil unidades, un 27% por encima de lo que fue el mismo período del año pasado, y en cuanto a exportaciones 108 mil unidades, también un 27% más que los mismos meses del año pasado”, completó.

En la ronda de preguntas, Martín Tetaz (Evolución Radical) comentó que en la convocatoria de invitados falta la voz de los consumidores para saber “el criterio que priorizan”. Por consiguiente, preguntó por qué la ley no es de carácter general para todas las inversiones y por qué no se eliminan todos los impuestos de las empresas que exportan.

 “Este Congreso se ha convertido en un botín que vienen a buscar los distintos sectores con sus distintos lobbies. No tiene que haber impuesto a las exportaciones, es una contradicción”, expresó

Por otro lado, cuestionó la creación del Instituto de Movilidad: “¿Es necesaria? ¿Para qué está el Ministerio de Producción entonces? Si vamos a crear una estructura aparte, burocrática, ¿para qué tiene que pasar por el Congreso y piden una ley para una mesa de diálogo, si es una función del Ministerio de Producción?”.

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) planteó si “no habría que mejorar, derogar o reformar la Ley de Autopartes del 2016” porque “da beneficios planos e incentivos a las grandes multinacionales”, y consultó también sobre el componente impositivo total en los autos.

De la vereda de enfrente la subsecretaria de industria, Julieta Lousteau, explicó que “no es una ley como para cualquier sector en virtud de las inversiones que estamos considerando y de los diferentes datos que se comentaron del sector automotor en Argentina y la vinculación que tiene en materia de valor agregado, en la generación de empleo de calidad”.

Sobre las iniciativas de inversión aclaró que “son grandes proyectos de inversiones que requieren en virtud del tratamiento diferencial al ser proyectos que acumulan una gran cantidad de IVA”, y cerró: “Este proyecto no es incompatible con la Ley 27.263 sino que se busca articular un proyecto que en definitiva ha generado un círculo virtuoso en relación a las exportaciones del sector, al contenido nacional, un sector que tiene un valor agregado más del 60% cuyas inversiones tienen un contenido nacional del 40% ha generado una gran seri de importaciones, y este proyecto viene a acompañar ese proceso”.

Por otro lado, el presidente de Ford, Martín Galdeano, contestó sobre la consulta del diputado Laspina respecto a la Ley de Autopartes sostuvo que “era algo que históricamente a la industria automotriz se le reclamaba que nos costaba llegar a contenidos razonables de componentes argentinos. Tenemos 5 proyectos que están en un piso del 30% y otros superan el 40%. La ley claramente esta funcionando y ha viabilizado esa localización de autopartes”. Sobre la carga impositiva, señaló que “tenemos cómo mirar la de la producción y la comercialización, si miramos la carga completa estimamos que tenemos un 11,6% en la producción, cuando Brasil tiene la mitad y México la tiene sobre la comercialización. Cuando exportamos es sin impuestos, buscamos acá no exportar impuestos”

El proyecto

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

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