Una de las 18 cuestiones incluidas en el temario de extraordinarias, que como todos saben quedaron sin tratar este año, fue el Consenso Fiscal. Ese pacto fue firmado entre las provincias y el Gobierno nacional el 27 de diciembre del año pasado y desde entonces espera su rúbrica, no solo en las legislaturas provinciales, sino por supuesto también en el Congreso.

Esa deuda comenzó a ser saldada este miércoles, al emitirse dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que dejó el tema entonces listo para ser incluido en la próxima sesión de la Cámara alta.

Fue en el marco de una reunión encabezada por el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), quien al iniciar la reunión aclaró que habían sido designados en la comisión los oficialistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Daniel Bensusan (La Pampa), en lugar de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el porteño Mariano Recalde. Por tratarse de un reingreso a la comisión, Di Tullio volvió a su cargo original de secretaria de la comisión.

A continuación, Guerra habló sobre el Consenso Fiscal, recordando que fue suscripto por 20 provincias. Hay dos que no lo hacen nunca, La Pampa y San Luis -aclaró-, agregando esta vez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no envió ningún representante a firmar el pacto.

El acuerdo pretende “tratar de consensuar políticas en materia de tributación en todo el territorio nacional, para trabajar mancomunadamente, que haya ciertos equilibrios y a su vez haya tareas inherentes al control de la elusión”, comentó el presidente de la comisión.

Luego hizo referencia a una serie de compromisos que se asumen al suscribir el Consenso, que son en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos que asume el Gobierno nacional con las jurisdicciones, y ciertos compromisos comunes.

Luego detalló cada uno, citando en materia tributaria límites o techos en lo que son las alícuotas de los distintos impuestos provinciales. Respecto de endeudamiento responsable, “se procura que no se repita la historia reciente de tomar deuda por encima de las efectivas posibilidades que se tienen, y que no se tome deuda para gastos corrientes, sino que tienen que tener como contraprestación, por ejemplo, obras de infraestructura”.

En materia de responsabilidad fiscal, puso el ejemplo de que “la economía luego de la pandemia ha comenzado un proceso de recuperación, y es necesario retornar a los compromisos asumidos oportunamente en esa materia”.

El senador riojano señaló en referencia a los procesos judiciales los acuerdos a los que se pueda arribar previamente a las instancias de juicio en sí, y hacer un compás de espera por un año para no avanzar en esos procesos.

“También hay compromisos del Gobierno nacional, que tienen que ver con algunas deudas que tenía el Fisco nacional con las provincias, y que se compromete a pagarlas en determinados plazos”, explicó Guerra, concluyendo que “este es en esencia el contenido que tiene este Consenso Fiscal, que para que tenga operatividad debe ser aprobado por las legislaturas de todas las jurisdicciones y el Congreso nacional”.

Habló a continuación el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien es vicepresidente de esa comisión, y recordó que dicho acuerdo firmado en diciembre de 2021 “prevé una nueva relación del Gobierno nacional con las provincias y con sugerencia a los municipios. Desde el punto de vista fiscal permite inclusive algunos incrementos en impuestos como Ingresos Brutos, con un límite por actividad; también en el caso de Impuesto a los sellos; también una adecuación del impuesto automotor e inmobiliario, y la posibilidad de que cada una de las provincias puedan reglamentar y cobrar el impuesto a la herencia, como ya lo está haciendo la provincia de Buenos Aires”.

Entonces hizo algunas observaciones puntualmente respecto de los gastos, por cuanto fue suscripto antes del acuerdo con el Fondo. Según el mismo, las provincias no van a poder tomar endeudamiento para gasto corriente, tampoco van a poder incrementar el gasto público por encima del PBI, y también puede llegar a haber alguna limitación para las transferencias a las provincias por financiamiento, observó el legislador, que en ese sentido adelantó el deseo de conocer la opinión del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

Como sea, aclaró en nombre de Juntos por el Cambio que “nosotros vamos a acompañar, porque entendemos que en las provincias ya está siendo operativo. Pero quedemos dejar sentada nuestra inquietud respecto de poder cumplir con el Fondo”.

Como es habitual de su parte, el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, intervino a continuación para resaltar la importancia de ese tipo de acuerdo. “Este es un acuerdo general con respecto a la percepción de los tributos en todo el territorio, teniendo en cuenta que son 5 o 6 los más importantes. Primero está el IVA, después las contribuciones para la Seguridad Social; Ganancias; después transacciones comerciales, como el impuesto al cheque, el impuesto a los combustibles, y estos son los tributos que se recaudan en todo el territorio”, comentó el formoseño.

A continuación sumó “los derechos de importaciones y exportaciones, que también son una parte importante de los recursos del Estado nacional, que a través de la coparticipación se distribuyen”. Ese punto merecería más tarde una observación de parte de una senadora de Juntos por el Cambio.

Mayans apuntó que esos acuerdos permiten lograr “una mejor relación e información entre los estados nacional y provinciales”, y a continuación se preocupó de hacer hincapié en la cuestión de los gastos provinciales. En el caso de su provincia, dijo que le hacía gracia que siempre se dijera que Formosa “está llena de empleados públicos”.

“Desconocen los datos -se quejó-. Nosotros tenemos 700 mil habitantes y hay menos de 50 mil empleados públicos. 47 mil. Menos del 10%. ¿Dónde están esos empleados públicos? El 50% son docentes; le sigue el sistema de salud, y el sistema de seguridad, las fuerzas policiales, está tercero. Esto pasa en todas las provincias. Y después la justicia, y obviamente los municipios. En esto consiste el gasto”.

Advirtió en ese sentido que la Seguridad Social se lleva el 70% del Presupuesto nacional, que aseguró que se queda en 4 o 5 provincias. “Y uno de los más beneficiados es la Ciudad de Buenos Aires. En el sistema previsional, el 30% de la ciudadanía de la Ciudad está dentro del ANSeS”, aseguró. Agregó que el 67% del gasto público nacional es gasto social, y después hay un 18% que representan los subsidios.

Mayans concluyó considerando “muy importantes” los consensos, y aseguró que “esto ayuda, porque tenemos un sistema que algunos dicen que es injusto, pero es importante que nosotros ratifiquemos el Consenso, porque esto respalda la acción del presidente de la Nación con los gobernadores y hace certero el sistema de recaudación del país”.

Intervino entonces la senadora de JxC Carmen Alvarez Rivero, quien dijo venir a “defender los recursos de Córdoba, porque Córdoba está muy pobre”, y advirtió entonces un error de parte de Mayans, que había mencionado que las retenciones se coparticipaban, cosa que no sucede. “Creo que es un excelente momento para revisar la coparticipación y ordenar los impuestos directos e indirectos; simplifiquemos y quedémonos especialmente con esos impuestos que recaudan y no aquellos que distorsionan las actividades económicas”, concluyó.

Mayans le contestó admitiendo que los derechos de exportación no se coparticipan. “Son de jurisdicción nacional; desde la guerra de la Triple Alianza que es así, para financiar los gastos de la guerra”, apuntó.

Pero como para quedarse con la última palabra aclaró que las provincias grandes en general y Córdoba en particular “es una de las grandes receptoras de los impuestos nacionales. No es lo que ella dice –afirmó-. Por ejemplo, en el caso del ANSeS, prácticamente el 20% de la población (de esa provincia) está dentro del gasto del ANSeS. Las provincias grandes son las más beneficiadas por el ANSeS, por eso digo que si se va a hacer justicia, se tiene que hacer con la inversión pública, que es lo que están reclamando los gobernadores”.

“Es un tema para discutirlo en la Comisión de Coparticipación, y la provincia de Córdoba es una de las más beneficiadas por el Presupuesto nacional, después de Buenos Aires”, concluyó.

Otro radical, Julio Martínez (La Rioja), ratificó los dichos de Zimmermann respecto del acompañamiento que harían con el Consenso Fiscal, “porque nuestros gobiernos lo firmaron”, dijo. Pero hizo una salvedad: “Esto implica la posibilidad de subir algunos impuestos, y nuestros gobernadores acompañaron con el compromiso de no subir impuestos y no ajustar las tasas de ingresos brutos, y otros impuestos”.

Agregó Martínez que el Consenso Fiscal se firmó en diciembre de 2021. “Van casi 8 meses y yo viendo cómo en estos tiempos los compañeros juegan a la payana con granadas, me llama la atención el apuro”, observó con ironía, agregando que “hoy tenemos dos realidades a tener en cuenta: esto fue antes del acuerdo con el Fondo, no sé si requiere una adenda; y la otra es que hoy tenemos un mega-acto, se inicia de nuevo un gobierno, hay un nuevo ministro que refunda el Gobierno… Parece ser que antes (Sergio Massa) no estaba, no sé si tiene que ver con una marcada de cancha, no sé si tendríamos que esperar la opinión del nuevo ministro…”.

Desde el oficialismo salieron al cruce de su tono irónico, y Martínez insistió: “Pero ahora hay un nuevo gobierno, un nuevo presidente… Ah, bueno, no, me parecía”.

Para dar por cerrada la reunión, Ricardo Guerra volvió a tomar la palabra y dio por cerrada la polémica incipiente señalando que “yo valoro que en el sistema democrático tenemos derecho a opinar cualquier cosa, están en su derecho”. Y con respecto al acuerdo con el Fondo y las prevenciones expresadas desde la oposición, aclaró que “no hay nada que se contradiga con los compromisos asumidos con el FMI”.