Elisa Carrió presentó este miércoles un amparo junto a vecinos del barrio de Recoleta, para intimar al Ministerio de Seguridad de la Nación a que garantice los derecho de quienes viven allí.

Venimos a interponer este amparo a fin de que se intime al ministro de Seguridad de la Nación a garantizar la seguridad publica en el radio territorial afectado por las manifestaciones que se desarrollan en forma continua desde el 23 de agosto de 2022, donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández, toda vez que estén siendo vulnerados los derechos a circular, a la salud, a la integridad física y psicológica, al ambiente, a comerciar libremente, a trabajar y el derecho de propiedad, consagrados en la Constitución”, señala el escrito.

“La conducta omisiva de las autoridades nacionales en la obligación de garantizar la seguridad publica en el territorio afectado lesiona nuestros derechos amparados constitucionalmente”, continúa. La presentación fue realizada junto a Mariana Raynelli, comunera de Recoleta por la Coalición Cívica y se encuentra en el Juzgado N° 11 a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya.

“La conducta omisiva de las autoridades nacionales en la obligación de garantizar la seguridad pública en el territorio afectado lesiona derechos amparados constitucionalmente”, argumenta Carrió en su presentación. “Los hechos que se describen nos causan un gravamen y a los terceros afectados que padecen la situación en completo estado de indefensión; pues se están vulnerando derechos consagrados”, agrega.

“Estamos sufriendo la lesión y violación sistemática de nuestros derechos constitucionales. Todo ello conlleva la grave alteración de nuestra vidas, para algunas personas afectadas ha significado hasta la necesidad de tener que irse temporalmente de sus hogares, ello al haber sido perturbado el ritmo de nuestras vidas”, afirman Carrió y vecinos. “Como consecuencia de la alta y constante concentración de un número indeterminado de personas en la zona afectada, vulneran el cuidado y la preservación del ambiente y la salud de las personas, esto se agrava ante la ausencia de equipamiento sanitario”, añaden.

“También, los manifestantes y concurrentes han usado fuegos artificiales en pleno ejido urbano, incluso contra las aberturas de los inmuebles aledaños, lo que genera trastornos al sueño, ansiedad, a la salud, intranquilidad constante y temor”, plantean Carrió y Raynelli. “Se suma a lo expuesto que durante dos años estuvimos con restricciones por la pandemia del Covid-19, con las consecuencias que eso tiene para la población en general, de lo que no escapan quienes suscriben, ni los demás terceros afectados a quien represento, y ahora, cuando poco a poco estamos retomando nuestra vida normal, estos hechos generan una nuevo quiebre”, destacan.

“La omisión del deber de seguridad, en cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, violenta nuestro derecho a la seguridad y resguardo de nuestra libertad, vida, integridad física y patrimonio en dicho ámbito, todos ellos derechos garantizados por la Constitución Nacional”, recuerdan Carrió y Raynelli. “La vulneración de nuestros derechos es palmaria, al igual que los hechos que de forma continuada e inminente nos amenazan en forma permanente, y se suma a ello, la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión, en virtud de la  existencia del pronunciamiento del 29 de agosto de 2022 del magistrado Roberto Gallardo”, concluyen.