Durante la sesión ordinaria que llevó a cabo la Legislatura de la Ciudad este jueves, los diputados porteños manifestaron su “preocupación y repudio” al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la condena a prisión perpetua de Miguel Etchecolatz.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y legisladora del Frente de Todos (FdT), Victoria Montenegro, y María Bielli, Lucía Cámpora y Ofelia Fernández (FdT).

En los fundamentos del texto, las diputadas recordaron que “durante la última dictadura cívico-militar, en octubre de 1976, Jorge Julio López fue secuestrado junto a otros militantes por la Policía Bonaerense y recluido en varios Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio del denominado ‘circuito represivo Camps’ (en referencia a Ramón Camps, otro de los jerarcas de la fuerza bonaerense)” e indicaron que “tras sufrir distintos vejámenes fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y alojado en la Unidad Penal N°9 de la Ciudad de La Plata, donde fue liberado el 25 de junio de 1979”.

Asimismo precisaron que “en los años venideros Jorge Julio López transitó un camino introspectivo que lo llevo a identificar lugares y culpables de crímenes de Lesa humanidad” e indicaron que “con la re apertura de los procesos de justicia, López se convirtió en un testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y el lunes 18 de septiembre de 2006 debía presentarse en los tribunales de la capital provincial para presenciar los alegatos de las querellas, pero nunca llegó. Desde entonces, su paradero es desconocido”.

“Los Organismos de Derechos Humanos sostuvieron desde el principio que la nueva desaparición de López constituía una desaparición forzada y pidieron el cambio de caratula; la justicia recién dio lugar al pedido en 2008  ya que anteriormente el expediente estaba catalogado como ‘desaparición simple’”, continuaron las legisladoras, a la vez que detallaron que “desde sus inicios, la Policía Bonaerense formó parte de la investigación (la misma fuerza que Etchecolatz y Camps dirigieron durante la dictadura). En 2014, la agrupación ‘Justicia YA, La Plata’, llevó la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID), pero en 2018 el caso fue remitido nuevamente al Estado Argentino”.

Sobre esa misma línea, desde el FdT concluyeron recordando que “la desaparición de Julio López de se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de personas desaparecidas desde el retorno de la Democracia. Dieciséis años después, se presenta como un hecho inaceptable para un país que, luego de la consolidación democrática más importante de su historia, se ha posicionado a la vanguardia internacional en materia de Derechos Humanos”.