Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Lucas Godoy (FdT-Salta) fue uno de los miembros informantes del proyecto relativo al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Tengo la grata tarea de ser uno de los miembros informantes de este proyecto de ley de reforma de la Ley 27.453, popularmente conocida como de Barrios Populares”, arrancó el legislador oficialista.

Godoy hizo primero un racconto de lo sucedido con esa ley y del relevamiento previo necesario que concluyó en su sanción. “Estamos hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”, señaló el diputado salteño, que recordó además que en 2016 se realizó ese relevamiento que dio nacimiento al ReNaBaP.

Con ello “se reconoce la existencia de barrios populares en 2017 y se sanciona finalmente la Ley 27.453 en octubre de 2017”.

El diputado oficialista agregó que “esta ley planteaba la creación de un fondo, un fideicomiso”, y remarcó que “una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas”.

Detalló que “ese fondo se integra con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Para implementar entre otras cosas lo que es la transformación, la integración urbana, la vivienda, el plan Mi Pieza, que significó que más de 170 mil mujeres fueran seleccionadas; una inversión de casi 39 mil millones de pesos y que se alcance a cerca de 4.200 barrios en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.

“En ese momento se relevaron más de 4.400 barrios populares –puntualizó-. Se conoció además que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente. Casi el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural”.

Lucas Godoy destacó además que “la ley planteó declarar de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares; suspendió los desalojos, pero previamente declara la utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras donde se encuentran asentados estos barrios. Suspendió los desalojos por 4 años, facultó la creación de un fideicomiso y estableció que al menos el 25% de la obra pública que allí se realice debe ser ejecutado por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular. Pero también pensando en los que residen en los mismos barrios que se realicen”.

A continuación, puntualizó que la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687; incluir más de 1.200 nuevos barrios que fueron también relevados y determinados en el decreto 88/21. Agregó que la modificación prorroga la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años, que ese el plazo que se determina que dura la declaración de utilidad pública.

Declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por 2 años, a los fines de agilizar los distintos procedimientos administrativos.

Además, incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y una asignación específica al destino de los fondos.

“Se trata de una política pública”, enfatizó Godoy, que concluyó precisando que “el propio fideicomiso está creado por 30 años. Que no pare, que continúe, que sigan estas medidas tendientes a generar condiciones dignas de calidad para cientos de miles de familias argentinas”.