La iniciativa presentada por la senadora oficialista a principios de agosto será analizado en un plenario que buscará darle dictamen.
Finalmente arranca el debate en comisiones del proyecto de ley que implementa el refuerzo de ingresos. La iniciativa que establece un beneficio equivalente a la canasta básica alimentaria, será discutida a partir de este mediodía en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que presiden Juliana Di Tullio y Ricardo Guerra, respectivamente.
Será en el Salón Arturo Illia del Senado, a partir de las 12, justo en momentos en que el presidente y su ministro de Economía buscan definir cómo se pagará el bono para los sectores más vulnerables, que será de $45.000.
El proyecto de la presidenta del bloque Unidad Cívica de la Cámara alta busca el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, que prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44% para el 2023. El proyecto es de Juliana Di Tullio y también lleva la firma del jefe del interbloque FdT, el formoseño José Mayans.
La iniciativa crea una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022. Es así que la asignación será equivalente al valor de dicha canasta, monto que según establece el proyecto podrá actualizarse de modo trimestral.
Además, con el proyecto “se prevé que alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”.
“Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”, argumenta la iniciativa.
Por otro lado, estima que tendrá un costo fiscal del 0.09 % del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 % durante el año siguiente. Además, cabe destacar que el beneficiario deberá realizar controles de salud acreditados anualmente de acuerdo a su género y edad a modo de contraprestación.
El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas. En este sentido, el proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica. Así se apuesta a que la situación de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el ingreso.
El proyecto establece que sea ANSeS la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSeS hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.
El proyecto recibió aportes de dirigentes sociales, además se trabajó en su elaboración junto a diputados y senadores, y fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a través de la ANSeS y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Entre los argumentos plantea que “el país atraviesa una coyuntura de extrema complejidad” y señala que es “producto de la herencia de cuatro años de un gobierno que sobreestimó sus capacidades, a la vez que subestimó de manera sistemática las necesidades de los grupos más vulnerables”.
En esa línea, vuelve a apuntar contra la gestión anterior señalando que “en 2015 la desocupación era del 5,9% y terminó en 2019 en 8,9%. En diciembre de 2015, tomando los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) para evitar discusiones inconducentes, la pobreza era del 30% y la indigencia afectaba al 4,5% de la población”.
“Luego de la gestión de Mauricio Macri esos valores terminaron hacia fines de 2019 en 39,8% y 8,4%, respectivamente el salario cayó un 51% producto de la devaluación del gobierno anterior”, suma y critica el acuerdo con el FMI porque “se terminó de hipotecar de manera ilegítima el futuro del país, condicionando de manera severa las posibilidades de la economía”.
