Proponen modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para evitar conflictos de intereses

La iniciativa de la cívica Victoria Borrego busca que, previo a cada sesión, los legisladores informen si tienen intereses privados respecto de algún proyecto a tratar.

La diputada nacional Victoria Borrego (CC-ARI), acompañada por sus pares de bloque, presentó un proyecto de resolución mediante el que propone incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, para que los legisladores comuniquen en cada sesión, una vez definido el orden del día, si guardan intereses privados con proyectos incluidos en el temario, lo que deberá ser incorporado al Diario de Sesiones.

“Cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.

Además, se indica que “esta información será complementaria a la que se encuentra incluida en las declaraciones juradas que en materia de prevención de conflictos de intereses hoy se limita a las participaciones societarias”.

“La Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deberán cumplir con deberes y pautas de comportamiento ético, tales como honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Además, la ley prevé expresamente que deben velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, explica el proyecto.

En esa línea, se resalta que “la participación de los diputados en las sesiones es de carácter obligatorio, lo que es un mandato constitucional, y la definición y votación sobre actos de alcance general o definición de políticas públicas no se encuentran alcanzados, en principio, por el deber de excusación, lo que no es óbice para que lo aprobado por la Cámara pueda influir en forma directa sobre los intereses privados del funcionario”.

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