La Cámara alta aprobó una ley para incorporar al PMO la atención por violencia de género

Se trata de un proyecto de autoría de la senadora Alejandra Vigo, que había sido aprobado en Diputados en 2020. La votación resultó unánime con 52 votos.

En la sesión de este jueves que duró ocho horas, la Cámara alta aprobó una ley que tiene como objeto incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.

La norma, que fue sancionada por unanimidad con 52 votos, incluye a todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.

El proyecto, impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo, había recibido media sanción de la Cámara de Diputados a fines de 2020.

De acuerdo al texto, las obras sociales, los prestadores de salud y todos aquellos organismos comprendidos en la ley deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de la violencia de género a los fines de garantizar que la atención integral de las víctimas se realice con los parámetros y las indicaciones adecuadas. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma.

Al respecto, la puntana oficialista María Eugenia Catalfamo explicó que “el objetivo de este proyecto es verdaderamente interesante, porque lo que se busca es generar dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) un protocolo de abordaje integral y universal de las violencias de género. Garantizando la cobertura de las prácticas preventivas y terapeutas a las víctimas de violencia de género”.

“Y es un proyecto que es muy bueno e interesante también porque no tiene impacto económico. Lo que se busca hacer es ordenar. Muchas veces nos pasa que la legislación está desperdigada en diferentes normativas y lo que se busca en este caso es ordenar y compilar las practicas ya existentes para que se elabore un único protocolo de abordaje a las violencias, y que se incorpore dentro del PMO”, precisó.

Además, sostuvo que “el fin especifico no solamente de acompañar a las víctimas de violencia de género cuando el delito ya sucedió, si no también prevenir las prácticas de violencia contra las mujeres y de garantizar el acceso universal a la asistencia”.

Respecto de la cobertura de las Obras Sociales, Catalfamo remarcó que quedan obligadas todas incluidas en las leyes 23.660 y 23.661.

La senadora puntana, informó que, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de Mujer de la Corte Suprema de la Nación, durante el 2021 se produjeron 251 víctimas letales de violencia de género en el país, de las cuales 5 fueron mujeres travestis-trans.

“Cada 32 horas muere una mujer en nuestro país a causa de violencia de género. El 67% de esas muertes fueron cometidas por parejas o exparejas de las víctimas, y el 60% ocurrió en la vivienda de la víctima. Y la verdad es que resulta sumamente lastimoso tener que brindar estos datos, pese a los esfuerzos que se hacen de parte del Gobierno nacional para que esto no suceda”, cerró.

La autora del proyecto, la cordobesa Alejandra Vigo, expresó: “Estar aquí reunidos evidentemente demuestra la firme convicción por erradicar la violencia de género en la Argentina, es evidente que es un compromiso legislativo unánime. Y seguramente al ser así, este tema más temprano que tarde va a ser realmente una política de Estado”.

“Para mi hoy es un día histórico, un día muy especial. Desde mi banca siento que hoy ocupo un lugar de privilegio. Porque esta vez, un proyecto como este es un proyecto para toda la ciudadanía. Y en especial para más del 50% de esa ciudadanía. Este proyecto tiene por objetivo claramente batallar contra la violencia de género e intra-familiar, donde las mujeres siguen siendo las primeras víctimas, se ha alcanzado a través del consenso”, destacó la monobloquista.

A su vez, Vigo precisó que “gracias a ese consenso estamos dando respuestas necesarias y novedosas a un viejo problema que no debemos dejar que se transforme la violencia de género en una violencia estructural. Porque la violencia estructural es la más difícil de erradicar porque está construida a partir de todo lo que impide a las niñas y a las mujeres s u plena realización. Limita el desarrollo, le genera subordinación y exclusión en el ámbito de la política, laboral y hasta creación artística. Esta violencia estructural que permite que una parte de la sociedad, la mitad de la población se beneficie siempre en detrimento de la otra mitad. Esa es la violencia estructural”.

“Este flagelo de la violencia que ha tomado su punto máximo durante la pandemia, que ha superado todas las expectativas, que continúa llenando y aumentando los registros de manera alarmante”, alertó y sumó: “Como actualmente las víctimas de violencia de género no cuentan con un abordaje integral, desde la atención primaria de la salud, es donde allí resta constituirnos para dar esta gran batalla. Para batallar en una guerra, que se considera la más larga de todas. Porque es la guerra que aún no ha terminado”.

“El significado más profundo que me parece que tiene este proyecto es, desde el ámbito de la salud, es el reconocer específicamente la problemática, que resulta una herramienta clave para erradicar las situaciones a futuro, para minimizar los daños al corto plazo y para una eficiente atención de las víctimas a través de un abordaje integral. El reconocimiento de esta problemática permite explicitarla, para que de ese modo pueda ser prioritaria”, sostuvo.

Además, explicó que “el sistema que aquí estamos proponiendo va a significar que ahora las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán brindar esta atención a las víctimas de violencia de género, dentro de un programa de asistencia interdisciplinario resguardado en el marco de un protocolo”, y enumeró: “Para, en primer lugar, la detección del problema para tener certeza en el diagnóstico. En segundo lugar, incorporar las prestaciones necesarias asociadas que ya existen en cualquier red prestacional”.

En suma, aclaró que el proyecto “no tiene costos adicionales, algunos aquí se niegan decir las cosas por su nombre, argumentaban que este proyecto podía incrementar los costos del sistema de salud, y a ellos les hemo dicho y lo vuelvo a decir que es todo lo contrario. No quiere gastos adicionales, requiere que las prestaciones que se necesitan estén asociadas y estén incluidas en un programa específico para la atención a las víctimas en situación de violencia, como también de su grupo familiar, y solamente hay que coordinarlas bajo un protocolo de actuación”.

“Ha tenido un consenso unánime porque propone nada más y nada menos que universalizar la atención de la salud para las víctimas de violencia. Ha recibido un acompañamiento contundente de los sectores privados, de las universidades, de los colegios profesionales, y también de los propios sectores sindicales”, reiteró Vigo.

Y concluyó: “Para las mujeres más sencillas, las que a veces no tienen una voz para gritar lo que padecen, esta ley es para ellas. Porque les aseguro que será un arma mortal, para que más temprano que tarde, todas las mujeres ejerzan el principal derecho humano, como es el derecho a una vida sin violencia”.

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