Después de que el Congreso Nacional avanzara con la creación de un Registro de Deudores Alimentarios que regirá en todo el país, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves –durante una sesión ordinaria- una Ley para eliminar los aranceles de los oficios judiciales para inscribir a una persona en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, el cual ya había sido establecido en el distrito capitalino por la Ley 269.

La iniciativa recientemente aprobada había sido impulsada por los legisladores del Frente de Todos (FdT), quienes explicaron en los fundamentos de la misma que actualmente los aranceles para ese registro rondan entre los 810 y 5670 pesos: la recepción de oficio judicial tiene un costo de 810; el pedido de informes unos 1080 pesos; la complementación de inscripción tiene un valor de 5670 y la cancelación de la inscripción ronda los 5400.

En los considerandos del mismo aseveraron que “el proceso judicial que deben atravesar las personas a quienes se les adeudan alimentos para que se ordene la inscripción en el Registro, es un proceso arduo y oneroso. Generalmente estos costos suelen ser absorbidos por mujeres a cargo de sus hogares” e indicaron que “en nuestro país, la Ley 26.485 establece distintos tipos y modalidades de la violencia por razones de géneros. Entre estos, se establece que la violencia económica y patrimonial, entre otras caracterizaciones, es aquella que se expresa mediante ‘la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna (…)’”.

“Si bien no existen estadísticas oficiales, es común, lamentablemente, en nuestra Ciudad, que sean las mujeres las que deben reclamar la cuota de alimentos para sus hijos a sus ex parejas varones. Esto no es casual, sino que se inserta de manera precisa en las características del sistema patriarcal donde las mujeres, cuerpos feminizados y otras identidades no hegemónicas cargan con la mayoría de las tareas de cuidado y ven reducidos sus ingresos por este factor”, destacaron.

Al mismo tiempo que precisaron que “a este problema se suma la irresponsabilidad de los progenitores para ocuparse de la parte que justamente les corresponde. En este sentido, es responsabilidad del estado establecer mecanismos de acceso a justicia que permitan garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de NNyA y adultos mayores”.

“Es por esto que consideramos que deben eliminarse los costos de inscripción al registro de deudores, ya que muchas veces, son las mujeres que ya se encuentran en situación de violencia económica quienes deben cargar con el costo de recepción de los oficios que ordenan la inscripción y demás trámites conexos. Esta situación se convierte en una agresión simbólica ejercida institucionalmente que refuerza los condicionamientos históricos de opresión de las mujeres”, sentenciaron.