El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert denunció penalmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta provincial del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y todos los senadores que votaron a favor del decreto con las designaciones de ese cuerpo para el Consejo de la Magistratura. 

El liberal se sumó así al reclamo que encabeza Juntos por el Cambio. En su escrito, recordó que en abril pasado “Cristina Fernández de Kirchner ordenó partir el bloque oficialista del Senado de la Nación en dos bancadas: una denominada ‘Frente Nacional y Popular’ compuesta por 21 senadores, y otra integrada por 14 senadores a la que se llamó ‘Unidad Ciudadana’, alterando de esta manera la composición de las mayorías y minorías de esa Cámara”. “Para mayor ilustración debemos decir que antes de dicha partición el bloque mayoritario era el Frente de Todos con 35 miembros, siendo la primera minoría la UCR con 18 integrantes y la segunda minoría el bloque Pro con 9 senadores”, continuó.

En esa línea, señaló que “siendo segunda minoría el bloque del Pro había anunciado que el senador Luis Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura”, sin embargo “esto no fue escuchado y Cristina Fernández de Kirchner designó a Claudio Martín Doñate”.

Ahora, ante el vencimiento de los mandatos de los consejeros, y “pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia” a favor de Juez (sobre el reclamo de hace seis meses), el bonaerense resaltó que se decidió designar nuevamente a Doñate. 

Para el legislador, el decreto 86/22, firmado por Ledesma Abdala de Zamora, “no ha hecho más que continuar con el ardid y la mala fe a la que se alude en el fallo de la Corte, para vulnerar la finalidad representativa de la Ley 24.937, norma que reglamente el artículo 114 de nuestra Ley Fundamental”. 

“Esta conducta prolongada en el tiempo, constituye a mi juicio un hecho único continuado que se encuadra en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, que sanciona con prisión de uno a cuatro años a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”, aseveró. 

Espert consideró que “en efecto los aquí denunciados mediante el ardid y las maniobras descriptas  impidieron la  ejecución -en primer término- de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, la actitud asumida por parte de los 37 senadores  en  violar  la  normativa  vigente  (Ley  24.937), frente  a  una rara interpretación de la regla, claramente constituye un ataque al sistema democrático que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley”. 

Además, el diputado expresó que el decreto “y el  insólito y carente de sustento constitucional procedimiento posterior que se analiza, constituyen -sin duda alguna- actos  de  fuerza  y  rebeldía  contra  el  orden  institucional  y el sistema democrático, que la Constitución reputa como insanablemente nulos en su artículo 36”. 

“Ello, por cuanto no sólo desoyen pasivamente, sino que avanzan dirigidos a  oponerse  a  una  sentencia  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  de la Suprema Corte de Justicia, cuya palabra en la interpretación de la Constitución y las leyes es simplemente final, generando una alteración del orden establecido para proteger las libertades de los ciudadanos de sus gobernantes”, completó en su acusación. 

La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1.

Desde Mar del Plata, donde se encuentra recorriendo esa ciudad luego del lanzamiento de su candidatura a la gobernación bonaerense, Espert declaró ante la prensa: “Presenté una denuncia penal contra Cristina Kirchner y todos los senadores que en el día de ayer desconocieron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara inconstitucional a la Ley de Consejo de la Magistratura del 2006. Eso constituye un delito, el de desobediencia agravada”.

Y agregó: “Su traducción a la Constitución es un atentado a la democracia. No puede ser que Cristina Kirchner llegue al punto de atentar a la democracia con tal de quedar libre de culpa y cargo de todas las causas que la involucran. Es de una gravedad extrema lo que está ocurriendo en Argentina, y eso es lo que estamos denunciando penalmente”. “Denunciamos penalmente a la persona que está atentando contra la democracia con tal de salvar su pellejo, bien sucio que lo tiene por chorra”, disparó.