Oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados avanzaron hacia un eventual consenso sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Tras una extensa primera reunión informativa, en la que expusieron varios oradores, las comisiones de Legislación General y Finanzas se congregaron este miércoles para escuchar las propuestas de la oposición que fueron aceptadas desde la Unidad de Información Financiera. 

En ese sentido, se lo escuchó al titular del organismo, Juan Carlos Otero, quien enumeró los cambios aceptados a la redacción del texto “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”. 

“Cuanto antes lo aprobemos vamos a poder trabajar en la efectividad. Evalúan a un país, no a un Gobierno, y tanto el sector público como privado van a ser evaluados”, agregó. 

Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado. 

También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa. 

Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales. 

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli (Pro) destacó: “Hemos avanzado bastante, buena parte de las recomendaciones que hemos hecho desde la oposición han sido receptadas por la UIF y el oficialismo. Estamos más cerca de llegar a un acuerdo final”. 

Sobre los “puntos que nos faltarían acordar”, el legislador pidió que “en la ley conste de manera expresa la facultad que tiene la UIF de querellar, que hoy en día está prevista no en la ley sino en un decreto”. A su vez, que “la UIF cuente con la posibilidad de intercambiar información no solo con las personas públicas sino también con las personas privadas”.

“En el tema de los abogados, que es un tema extremadamente delicado, la prohibición ha sido mejorada. Tenemos una sugerencia mínima para hacer que no va a impedir que nos pongamos de acuerdo”, sumó y consideró que “a la sanción de apercibimiento habría que agregar las acciones correctivas”. 

Por su parte, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) aseguró que “lo que faltaría y es imprescindible para nosotros es trabajar sobre la designación y la efectiva independencia de la UIF”. 

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) arrancó: “Entendemos la necesidad de ir acoplando el andar de nuestro sistema del control de lavado de dinero a los parámetros y requerimientos internacionales, lo entendemos perfectamente”. 

“Me alegro que se haya avanzado con todas las modificaciones que se produjeron”, celebró, pero remarcó que sigue “reclamando, como el primer momento, que la nominación del funcionario a cargo sea una nominación que esté vinculada con la aplicación de saberes e idoneidad, que tenga que ver con concursos”. “No soy de las que cree que esa nominación tenga que depender del Congreso de la Nación”, aclaró, al recordar la falencia desde hace años respecto de designar a un Defensor del Pueblo. “Pero sí tiene que haber un perfecto orden en la nominación que no tenga que ver con la preferencia política del gobierno de turno y con estabilidad en el cargo”, subrayó. Luego realizó distintas consultas sobre puntos del proyecto, que más tarde le respondió Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la UIF. 

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, lamentó que no haya convocatoria de la Comisión de Legislación Penal, la otra comisión competente que falta y es presidida por María Luján Rey (Pro), por lo que le pidió al titular de Legislación General, Lucas Godoy (FdT) “acomodar eso para poder ordenar el tratamiento”. “Están los elementos sobre la mesa, tenemos un segundo borrador”, destacó y concluyó: “Han quedado los planteos de los puntos donde todavía tenemos que trabajar, sabiendo que el consenso pleno nunca existe pero sí que tenemos que arrimar lo que más podamos”.