La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se informe, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, las razones que fundan las diferencias numéricas de exportaciones entre el Registro de Contratos de Exportación de Hidrocarburos en contraposición con los datos publicados por el registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el registro del Consorcio de Gestión del Puerto Rosales y el registro de exportaciones de la provincia de Neuquén.

“Al analizar los datos de exportaciones de petróleo, surgen llamativas diferencias entre los registros del INDEC y los existentes en la base de datos publicada por la Secretaría de Energía. Por ejemplo, llama la atención la diferencia en los valores de exportación de petróleo crudo para el año 2022 que, de acuerdo al sistema SESCO del registro oficial, la Argentina exportó 3.316 millones de dólares, mientras que los datos del INDEC reflejan exportaciones por 3.867,5 millones de dólares, es decir una diferencia superior a los 550 millones”, explicó la radical.

En la solicitud, la mendocina pide que, a través de la Dirección General de Aduanas, organismo que integra la AFIP, se informe el volumen de petróleo crudo y monto exportado en el año 2022 y la recaudación asociada a dichas exportaciones discriminando por impuesto y retención.

Cabe destacar que, además del registro oficial, existen otras dependencias de gobierno que contabilizan las exportaciones. Entre ellas se encuentra el INDEC, el Consorcio de Gestión del Puerto Rosales, los registros de las provincias productoras de petróleo crudo y la AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas.

“Las inconsistencias de este Gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros públicos”, denunció la legisladora y agregó: “El año pasado advertí y pedí información sobre las exportaciones ante las faltantes de gas oil en surtidores y la capacidad ociosa en las destilerías. Hoy, cerrado el año, son evidentes los desmanejos del Gobierno”. “Han llegado a un punto tal en el que dibujan números pero ni siquiera se preocupan en coordinar sus propias mentiras”, lanzó.

En los fundamentos de su iniciativa, Latorre recordó que “el registro de contratos de exportación de hidrocarburos se crea en la Argentina en el año 2002 como una medida de emergencia emitida en tiempo de crisis, tendiente a proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.

Este instrumento tuvo como objetivo asegurar el suministro de combustible en el mercado interno, teniendo en cuenta que se habían verificado deficiencias en el abastecimiento de gas oil por parte de las firmas industrializadoras y comercializadoras de combustibles ante el aumento de las exportaciones de hidrocarburos líquidos y derivados, con la consecuente alarma que ello generó en los sectores productivos y de servicios afectados en todo el país.

“El registro de contratos de exportación se ha constituido en la herramienta regulatoria para monitorear el comercio exterior de combustibles. El fundamento principal que da origen a este sistema se encuentra en la Ley N°17.319 de Hidrocarburos, que en su artículo 6°, párrafo 4°, expresa que el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal situación, los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país. Es decir que resulta un deber indelegable del Estado asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos y derivados adoptando políticas conducentes a tal fin”, detalló.

A su vez, los criterios de funcionamiento del Registro de Contratos de Exportación se encuentran delimitados por el Decreto 645/2002 y la Resolución 241-E/2017 de la entonces Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, y demás normas modificatorias y complementarias. Según dichas normas, el registro deberá, entre sus funciones, llevar constancia documentada de las operación es de exportación sujetas a registro; otorgar una constancia de registro de la operación; establecer los productos cuya exportación estará sujeta a registro, (entre los que se encuentra la posición arancelaria 2709.00.10 Aceites crudos de petróleo); y garantizar que previo a obtener la autorización de la operación de exportación, se le ha otorgado a los potenciales agentes del mercado interno la posibilidad de adquirir dicho producto.

“El correcto funcionamiento del registro prioriza el abastecimiento del mercado interno, permitiendo que las empresas puedan comercializar los remanentes en el exterior”, enfatizó la diputada y añadió: “Las significativas diferencias encontradas no solo en valores sino también en cantidades en los distintos registros nos obligan a preguntar sobre los posibles errores u omisiones, quizás aún no detectadas, que podrían redundar en perjuicios para el Estado Nacional pero también para los Estados provinciales, dueños del recurso”.

Finalmente, Latorre dijo que “este tema requiere la mayor transparencia en el manejo de los datos de un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro país, pero con impacto en los recursos fiscales, tanto nacionales como provinciales”.

El pedido fue acompañado por Juan Martín, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Karina Banfi, Juan Carlos Polini, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Ximena García, Francisco Monti, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Gustavo Bohuid, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Roberto Sánchez, Mario Negri, Jorge Rizotti, Jorge Vara, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Hugo Romero y Ricardo Buryaile.